El propietario de un club de alterne de Castrillón y su administrador han aceptado una condena de seis meses de prisión cada uno y multa de 2.400 euros tras reconocer que tenían trabajando en el local a una camarera y a 16 chicas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Los dos hombres ratificaron ayer en la sección tercera de la Audiencia Provincial su conformidad con las acusaciones de la Fiscalía, que ya habían asumido anteriormente, y reconocieron ser autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Ambos, de forma voluntaria y antes de la celebración de la vista oral, dieron de alta con carácter retroactivo por un periodo de seis meses en la Seguridad Social a 16 de las afectadas.
Los hechos se remontan a junio de 2015, cuando uno de los acusados era dueño de un club ubicado en Vegarrozadas, en las inmediaciones de Piedras Blancas, así como de la entidad Madison Hostelería, propietaria, administradora y gestora del local. El segundo acusado era el administrador de la entidad, que gestionaba junto con el otro condenado. En la noche del 18 de junio de 2015, durante una inspección en materia de empleo y Seguridad Social efectuada junto a miembros de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, se comprobó que en este club de alterne se encontraban trabajando una camarera y 16 jóvenes sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, de acuerdo a las condiciones que fija la ley. Había también tres mujeres sin autorización administrativa para trabajar.
Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores con la atenuante de reparación del daño. Cada uno de los acusados aceptó una condena de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de ocho meses con una cuota diaria de 10 euros (2.400 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y pago de las costas procesales (la mitad cada uno).
Absueltos
La Audiencia Provincial absolvió hace unos días al propietario y el encargado de un conocido establecimiento ubicado en Siero, para quienes el Ministerio Público solicitaba año y medio de prisión. La Fiscalía también pedía el cierre durante dos de este club de alterne, uno de los más conocidos de Asturias. Y acusaba al propietario de tener a 32 mujeres sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Los testimonios obligaron a absolver a los acusados.
