El Gobierno consiguió ayer, previa concesión de un trato favorable para los puertos de Barcelona y Tarragona, que los ocho diputados de la fuerza soberanista catalana PDeCAT (antigua Convergencia) se abstuvieran en la votación del real decreto ley de reforma de la estiba y de ese modo sacar adelante el controvertido documento, finalmente convalidado en el Congreso con los votos a favor del PP, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias y UPN; el PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís votaron en contra. El debate fue bronco en extremo y varios estibadores presentes en la tribuna de invitados acabaron siendo desalojados.

El Ejecutivo ha logrado sacar adelante la reforma de la estiba, exigida por la Unión Europea (UE) en un segundo intento, después de que el primer real decreto ley para liberalizar el sector fuera rechazado por la misma Cámara hace dos meses. La clave política ha estado en el giro de la posición de PDeCAT; el diputado Ferrán Bel justificó el cambio de criterio por la necesidad de lanzar "un mensaje a Europa de garantía de respeto de la seguridad jurídica", si bien no ocultó que su partido ha logrado cinco modificaciones del texto del decreto inicial: limitar la precarización de los estibadores, mejorar la negociación colectiva, fomentar la formación, potenciar los puertos estatales de Barcelona y Tarragona y permitir el desarrollo del real decreto ley en normas de rango inferior.

El conflicto desatado en el sector de la estiba por el empeño del Gobierno del PP de abrirlo a la libre competencia afecta a un centenar de trabajadores en Asturias, todos ellos vinculados a los puertos de Avilés y Gijón. Los estibadores de los muelles asturianos, como los del resto de España, declinan hacer declaraciones a los medios de comunicación y remiten a la portavocía del sindicato mayoritario: la Coordinadora de Trabajadores del Mar. El responsable de esta central, Antolín Goya, señaló que los trabajadores "no salen derrotados", tras la aprobación de la reforma del sector, sino sabiendo que su objetivo "sigue siendo exactamente el mismo: la garantía del empleo y conseguir que los estibadores sigan teniendo estabilidad y continuidad", para lo que van a trabajar y dar "una oportunidad" a la mesa de diálogo con las empresas. No obstante, los sindicatos de estibadores anunciaron que mantienen las ocho jornadas de huelga previstas a partir del próximo miércoles, aunque intentarán convocar cuanto antes a la patronal a una mesa de negociación.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mostró la satisfacción del Gobierno por el hecho de "acabar con el último sector monopolístico que quedaba" y señaló que la estiba pasa a ser un sector productivo liberalizado y que permitirá a España cumplir como país y recuperar "el crédito perdido" en Europa. De la Serna expresó su confianza en que el Tribunal de Justicia de la UE paralice y desestime ahora el procedimiento sancionador abierto a España, aunque ha dicho: "No sabemos si esto será suficiente para no pagar la primera parte de la multa" que supera 24 millones de euros.