La jueza de primera instancia e instrucción de la sala número 4 de Avilés ha dado mediante un auto la orden de continuar adelante con la tramitación de las diligencias previas por procedimiento abreviado referidas a la investigación de que son objeto el exconcejal de IU en Corvera Enrique Bueno y el secretario de ese Ayuntamiento, Ramón Menéndez Chaves, en relación a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se aprobó en 2013. La magistrada ve indicios que relacionan a ambos con la comisión de un supuesto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y ademas, en el caso del exconcejal de Urbanismo, Bueno también resulta, a ojos de la juez, sospechoso de un presunto delito de cohecho.

Los procesados deben responder ahora de sus actos en diferentes pasos del trámite seguido para aprobar el plan urbano de Corvera. En el caso del secretario, por el supuesto beneplácito que expresó a que Enrique Bueno, en su doble calidad de concejal de Urbanismo y propietario de bienes inmuebles en el concejo afectados por el Plan Urbano, votase en el Pleno que aprobó el documento urbanístico. Y en el caso de Enrique Bueno, de una larga lista de gestiones y negociaciones mantenidas con uno de los principales promotores inmobiliarios interesado en alcanzar acuerdos urbanísticos con el Ayuntamiento para el desarrollo de la zona conocida como Quintanas de Chacón, en Las Vegas, donde el edil es copropietario de una vivienda.

La magistrada explica en el auto que una vez finalizadas las negociaciones y antes de la firma del convenio, el edil "le recordó" al promotor "su pretensión de que antes de la firma tendría que comprarle su finca por 600.000 euros". Al negarse el promotor, Bueno, supuestamente, "abortó la suscripción del convenio, para promover en su lugar un cambio radical en la redacción del PGOU con la finalidad de beneficiar su propiedad en perjuicio de los intereses del resto de propietarios", además de, siempre según lo recogido en el auto, introducir una nueva exigencia que "como conocía Bueno, era inasumible para la promotora debido al coste que suponía".

La negociación del convenio de Quintanas de Chacón tuvo dos etapas. La primera, entre 2007 y 2008, donde el promotor se comprometió a adquirir las viviendas actuales y a construir 300 nuevas. Las negociaciones se paralizaron tras una moción de censura que trajo aparejado un cambio de gobierno y fue, según la juez, Bueno el que las retomó cuando regresó al cargo de edil de Urbanismo en 2011, después de las elecciones.

El auto de la juez es recurrible mediante recurso de reforma y subsidiariamente por la vía de apelación, en el plazo de tres y cinco días, respectivamente.