Avilés liderará un proyecto europeo que busca mejorar la inclusión laboral de las personas en riesgo o en situación de exclusión social y ampliar el alcance de las cláusulas sociales que incorporan los contratos públicos del Ayuntamiento. El plan se denomina "Atlantic Social Lab" y está dotado con 1,64 millones de euros, de los que el 75 por ciento está financiado por el programa de cooperación transnacional "Espacio Atlántico". Forman parte del consorcio nueve socios: el Concello de Santiago de Compostela, la ciudad de Cork (Irlanda), las universidades Glasgow Caledonian (Reino Unido) y Coimbra (Portugal), las agencias de apoyo al emprendimiento social CRESS Bretagne (Francia) y Enterprise North West (Reino Unido), la agencia de desarrollo regional ADRAVE (Portugal) y la Aglomeración de Pau-Pyrénées (Francia), además de Avilés.

"Nos permitirá profundizar aún más en nuestros programas sociales y en la inclusión laboral de las personas en situación de exclusión. Es, además, un reconocimiento a nuestra trayectoria en las políticas de bienestar y a nuestra concepción de la inclusión social, en la que siempre hemos apostado por la innovación. Por último, nos permitirá ofrecer nuestra experiencia a los socios del proyecto y aprender de sus buenas prácticas", aseguró ayer la concejala de Promoción Social, Yolanda Alonso.

Las prácticas innovadoras que el proyecto "Atlantic Social Lab" va a desarrollar pretenden abordar dos grandes retos. El primero, el denominado "Efecto Mateo", por el que no todas las personas más vulnerables acceden a los recursos, servicios y programas sociales, educativos y culturales por falta de información, conocimiento u otras circunstancias. El segundo, combatir la precarización del trabajo y los escasos mecanismos de inclusión laboral de las personas en riesgo o situación de exclusión social, a través de los criterios sociales, medioambientales y éticos en la contratación pública.

Respecto al primer objetivo, el mejorar el acceso de personas vulnerables a los servicios y prestaciones de las instituciones públicas, en Avilés podría beneficiar a un colectivo de cerca de 7.000 familias, formadas por unas 11.000 personas. El proyecto tiene el reto de lograr esta mejora a través de un mecanismo eficiente e innovador en la administración pública.

La segunda práctica piloto incluida en el proyecto "Atlantic Social Lab" tiene que ver con el avance en cláusulas sociales de contratación en la administración municipal como instrumento de promoción y responsabilidad en la cohesión social. El Ayuntamiento de Avilés introdujo esas cláusulas en 2009 y se han aplicado en 147 contratos, lo que se ha traducido en la incorporación al mercado laboral de 420 personas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables (279 mujeres y 141 hombres). "Durante los dos últimos años se han producido avances en la legislación (europea y estatal) que permiten desarrollar una segunda generación de cláusulas sociales en la contratación pública sostenible y añadir criterios medioambientales, ampliando por tanto su alcance", explica la concejala en una nota.