Los trabajadores de Imsa afectados por una intoxicación de mercurio cuando trabajaban en Azsa claman una solución para su "precaria" situación. Enfermos, con graves patologías derivadas, aseguran, de ese "envenenamiento", ven cómo la administración pública y su mutua hacen caso omiso a sus demandas, que no son otras que "una atención médica adecuada" y el reconocimiento de sus síntomas. "El Servicio de Salud (Sespa) ha atendido a este colectivo de forma irregular, cubriendo las espaldas a la mutua, que pensamos que no está pagando ese servicio. El Sespa les ha venido prestando una atención sanitaria como a cualquier otro usuario, sin tener en cuenta su condición de personas gravemente intoxicadas por metales pesados. Se han dado irregularidades del calibre de la desaparición de analíticas de mercurio", afirmó ayer la Asociación asturiana de intoxicados por metales pesados y otros agentes químicos.
El colectivo, ante todo lo que está pasando, insta al Sespa a obligar a la mutua y a Azsa a "asumir sus obligaciones" y renovar el convenio para la atención de los intoxicados, "ejerciendo su deber y su derecho a denunciarles en caso de que intenten eludir sus obligaciones".
Los trabajadores también exigen al Sespa y a la mutua "que actualice el protocolo y el dispositivo de seguimiento, unificando pruebas, diagnósticos y terapias". También quieren que "las secuelas derivadas de la intoxicación sean reconocidas como tales (Parkinson, depresiones, ansiedad, insomnio, irritabilidad, pérdidas de memoria a corto plazo?)": "Prácticamente no hay órgano que no tengan afectado, incluido el cerebro". "La mutua ha dado el alta laboral a personas que sufren gravísimas secuelas, considerándolas aptas para trabajar y negándose a concederles la baja por recaída. Por su parte Azsa, que había firmado un acuerdo con los intoxicados por el cual se comprometía a pagar sus gastos médicos, se niega a seguir haciéndolo", afirma el colectivo.
Por ello, piden al Sespa, la mutua y Azsa "que pongan buena voluntad en la resolución justa de este caso para que los intoxicados no tengan que seguir comprometiendo su ya muy deteriorada salud en la lucha por sus derechos y teniendo que elegir entre pagarse tratamientos y medicinas o comer". "La gran mayoría está en una situación económica precaria, algunos manteniendo a su familia con el salario social", advierte el grupo.
