El alcalde, Jorge Suárez (PSOE), pidió ayer prudencia a los dos grupos de la oposición, el PP e IU, a cuenta del supuesto desajuste en los recibos por el cobro del alcantarillado después de que el servicio pasara a manos públicas, que podría destapar que la anterior adjudicataria facturó de más durante años a los vecinos. "La cuestión vinculada a la privatización del agua aún no está cerrada, falta por resolver la auditoría general que estamos haciendo del contrato, tanto de las obras como de la gestión", indicó el regidor gozoniego, que considera que "si los cobros se estaban haciendo mal, ahora se han corregido". Una vez que el servicio pasó a manos públicas, el organismo encargado de los recibos es el Servicio Tributario del Principado de Asturias, que hace esa labor desde primeros de año.

Jorge Suárez aprovechó la ocasión para destacar que el Ayuntamiento privatizó el servicio de aguas y alcantarillado en el año 2005 y que Aquagest se encargó de la financiación de los recibos. "En 2007, se modificó la ordenanza y se subió el mínimo. Dónde estaban entonces los concejales de IU. ¿Dieron cuenta de esa subida? Pilar Suárez e Isaac Frade eran miembros de la Corporación municipal, lo mismo que ocurre con Ramón Artime (PP), que era concejal de Hacienda y luego Alcalde", indicó el Alcalde, que por el momento no pone fecha para celebrar una comisión informativa como le reclaman ambos grupos de la oposición para explicar esa variación en los recibos. Lo que sí dejó claro el Regidor es que la empresa era la encargada de la facturación de los recibos.

"La reunión será convocada en cuanto tengamos toda la información vinculada a la privatización: las obras están en proceso judicial, el contrato en la Sindicatura de Cuentas y el resto, la gestión, que incluye desde las tuberías a los contadores pasando por los depósitos de agua, está siendo también analizada", reiteró el primer edil, que insistió una y otra vez en que el proceso de remunicipalización requiere "prudencia y cautela".

Cabe recordar que Aquagest y el Ayuntamiento mantienen un proceso judicial a cuenta de la deuda. La firma que controló el servicio de aguas y alcantarillado desde 2005 hasta 2016 solicita 3,7 millones de euros al Ayuntamiento y éste le reclama 40.000 euros.

Lo que no ve bien el regidor gozoniego es "la alarma generada" a cuenta de las denuncias de IU y, a posteriori, del PP". "Es curioso que ambos grupos me pidan explicaciones a mí cuando uno de los que critica -en referencia a Ramón Artime- fue concejal de Hacienda en la época en la que se privatizó el servicio y otros estaban en la Corporación", incidió Jorge Suárez.

El Alcalde de Gozón prefiere mantener la calma con este asunto antes de plantearse la posibilidad de devolver el dinero a los vecinos en el caso de comprobar esa subida en el recibo de una media de tres euros, según denunciaron desde la coalición el pasado viernes.