Veinte de los 34 trabajadores de Montrasa-Maessa que prestaron servicio en la fábrica de Alcoa en Avilés, a los que la firma auxiliar despidió en abril de 2016 y a los que un juez les dio la razón respecto a la nulidad de su rescisión laboral iniciaron ayer en los juzgados de Avilés la batalla para cobrar los llamados salarios de tramitación, los que se devengaron mientras duró el litigio con su empresa y que para el conjunto del colectivo importan 1,64 millones de euros (incluidos conceptos como la Seguridad Social, la retención del IRPF y la aportación al fondo de compensación). El próximo 11 de julio habrá un segundo "minijuicio" en el mismo sentido y promovido por los catorce empleados restantes.
Los trabajadores aportaron al tribunal un certificado del servicio de Empleo referido a las liquidaciones del paro practicadas en los años 2016 y 2017 al objeto de que Montrasa-Maessa descuente esas cantidades del total a abonar en concepto de salarios de tramitación y reintegre al Estado las percepciones que cobraron los empleados despedidos mientras figuraron como desempleados. Desde el pasado 24 de mayo los "34 de Montrasa" cobran de nuevo sus sueldos con normalidad.
