Tres años y medios de cárcel, multas que superan los 13.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante años. Esta es la pena que solicita la Fiscalía para el exconcejal de Urbanismo de Corvera, Enrique Bueno (IU), al que considera responsable de un delito de cohecho y otro de negociaciones prohibidas en su negociación del convenio de Quintas de Chacón, donde tiene una finca en propiedad, y en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actual, cuando el propio Bueno era concejal de Urbanismo.
El Ministerio Público concluye que el secretario del Ayuntamiento de Corvera, Ramón Menéndez Chaves, cometió un presunto delito de negociaciones prohibidas y pide para él un año de prisión, multa de unos 6.500 euros e inhabilitación para puesto o cargo público durante cuatro años.
El caso está relacionado con los trámites que se realizaron en el plan urbano de Corvera y con las negociaciones entre Enrique Bueno y un promotor inmobiliario. Dentro del ámbito de actuación se encontraba una propiedad del entonces concejal, en concreto en el número 3 de la calle Quintanas de Chacón.
Siempre según la versión de la Fiscalía, el promotor contactó con Bueno "entre el 9 de julio de 2007 y el 2 de agosto de 2008, iniciándose unas negociaciones para la firma ulterior del convenio urbanístico" que permitiese al primero desarrollar dos unidades de actuación". El constructor llegó a constituir en mayo de 2008 una sociedad y a elaborar un borrador del convenio, "si bien debido a un cambio en la corporación municipal no llegó a firmarse.
En 2011, con la vuelta de Enrique Bueno al gobierno corverano, "se volvió a negociar el convenio". "No llegó a firmarse al no acceder el promotor a satisfacer por la propiedad del señor Bueno una cantidad de 600.000 euros", prosigue el Ministerio Público. Y continúa: "Dado que el convenio no llegó a firmarse, el acusado Enrique Bueno se puso en contacto con los redactores del PGOU de Corvera para hacerles llegar la nueva directriz política que, en relación a cada zona, debían plasmar en el nuevo proyecto y que pasaba por no respetar ni la ordenación anterior de las normas subsidiarias, ni la prevista en la aprobación del plan de fecha 11 de agosto de 2010 a instancias del anterior equipo de gobierno, y ordenar una nueva con el criterio que fuera viable y permitiese la regeneración urbana, pero que dejase fuera de la unidad la propiedad del concejal".
La acusación pública cree que "así las cosas, el equipo redactor realizó otra configuración de la zona en la nueva redacción del Plan General que, dejando fuera la propiedad del concejal acusado, supuso una modificación de su calificación". Pasó de suelo urbano no consolidado a suelo urbano consolidado, constituyendo la propia finca solar con una capacidad edificatoria de hasta seis plantas, sin necesidad de cesiones ni deconstituirse en junta alguna para su desarrollo, recoge el escrito de acusación.
La nueva redacción del Plan General fue objeto de aprobación inicial el 22 de diciembre de 2011, se aprobó de forma provisional en el Pleno del 18 de enero de 2013 y de forma definitiva en el del 17 de febrero de 2015. "En la sesión plenaria del 18 de enero de 2013, el acusado Enrique Bueno, con el informe verbal favorable de Ramón Menéndez Chaves, incumplió su deber legal de abstención y votó favorablemente la aprobación del Plan General pese a que había indicado la modificación anterior en su propio y personal beneficio, cuestión que era conocida por el secretario municipal, pese a lo cual informó como si únicamente tuviese un interés general y difuso en el citado PGOU", concluye el Ministerio Público.
