18 de julio de 2017
18.07.2017

Amplio apoyo de los partidos a construir la perrera en Castrillón

La nueva normativa municipal prevé que se puedan instalar negocios en pisos siempre que no superen los cien metros cuadrados

18.07.2017 | 08:23

Fueron necesarios 20 años de espera, pero ahora parece que la perrera ha tomado por fin buen rumbo. El primer objetivo que se han marcado los diez ayuntamientos implicados en esta operación es la aprobación en los respectivos plenos de las bases del consorcio para la prestación y gestión del servicio de recogida y albergue de animales abandonados. Ayer, se reunió la Comisión Informativa de Promoción Económica del Ayuntamiento de Avilés, y la propuesta recibió el voto favorable de PSOE, IU y Ciudadanos, y la abstención del PP y Somos.

La votación definitiva se realizará el jueves, en el transcurso de un Pleno ordinario, y no parece que haya dificultad para conseguir una amplia mayoría. De hecho, Somos, pese a la abstención de ayer, ya ha hecho público que apoyará la infraestructura.

Avilés, Castrillón, Gozón, Illas, Soto del Barco, Muros de Nalón, Pravia y Carreño ya estamparon su firma en el acuerdo que permitirá abrir a finales de 2018 el albergue de animales. Corvera se sumará próximamente, al igual que San Martín del Rey Aurelio. El objetivo del consorcio es construir y gestionar una perrera en terrenos de Castrillón, si no se tuercen las cosas. La parcela elegida, de 12.200 metros cuadrados, está en el entorno de La Lloba, en una zona cercana a la autovía del Cantábrico y sin casas alrededor, según informaron los responsables de la negociación.

El presupuesto que sopesan los diez ayuntamientos es de unos 270.000 euros, de los que 68.000 euros se destinarán a la adquisición de los terrenos. En ellos se construirá un edificio adecuado para el alojamiento de los animales de unos 1.000 metros cuadrados; el resto se habilitará como zona verde y de esparcimiento para las mascotas. Además del servicio de depósito para animales abandonados, los ayuntamientos pretenden que también haga las veces de centro de estancia temporal para que los dueños puedan dejar a los perros en periodos vacacionales, por ejemplo. Tendrá una zona verde de ocio para que también puedan ir familias a ver a los animales o ir con los suyos a jugar, una idea que se exporta de otros países europeos. Precisamente la reclamación de espacios verdes aptos para el disfrute de las mascotas se repite en los concejos de la comarca.

En esta misma comisión de Hacienda se informó de los datos económico-financieros de junio, y de los de morosidad del Ayuntamiento, de las sociedades mercantiles y de las fundaciones municipales.

Por otra parte, y también como paso previo al pleno ordinario del jueves, se celebró la comisión de Urbanismo, donde el gobierno planteó una aprobación inicial de una modificación del plan urbano para adecuar varios artículos a la normativa. Se trata de simplificar y aclarar el contenido de 16 artículos y adaptar su contenido a la normativa vigente. Esta modificación no altera la estructura general de contenidos, ni el modelo urbanístico al que sirven. Mejora y aclara los artículos citados para el público general y para los profesionales que intervienen en los distintos procedimientos, y facilitará su control por parte de los técnicos municipales.

Lo más sustancial, quizá, es que se permitirá utilizar las plantas superiores de los edificios para instalar negocios, como oficinas. Hasta ahora, la normativa impedía utilizar con fines de negocios espacios superiores al primer piso, a no ser que toda la planta y también las inferiores estuvieran destinadas a oficinas. La nueva normativa lo permitirá siempre que no superen los cien metros cuadrados.

Finalmente, también se llevará a Pleno la aprobación inicial de una modificación de la ordenanza municipal de las condiciones para la instalación de ascensores. Una vez que se apruebe se fijará un plazo máximo de 75 años (frente a los 99 que recoge actualmente la ordenanza) la autorización para que el módulo de enlace vertical del ascensor ocupe suelo municipal. Esto es necesario para adecuar la normativa a la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

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