El juicio contra los últimos gerentes de la empresa de transportes Roces, acusados de presunta estafa, que estaba previsto que se celebrase ayer, se ha pospuesto hasta el otoño. Las causas de esta demora son dos: por una parte, una de las pruebas (una grabación con los datos de las cancelaciones de viajes supuestamente fraudulentas) se destruyó y luego se repuso, pero no se dio traslado a la otra parte. Además, faltaba por citar a un representante del Consorcio de Transportes.

La Fiscalía del Principado solicita una condena de dos años y medio de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante este tiempo, el pago de las costas procesales y abono (de forma conjunta y solidaria) de una indemnización al Consorcio de Transportes de 3.461,75 euros por una presunta estafa con los billetes. La reclamación del Consorcio de Transportes es superior: pide unos 40.000 euros de indemnización.

Los dos empresarios, padre e hijo, son los que adquirieron la empresa en 2004 a la familia fundadora, que es ajena por completo a la acusación de estafa. Ambos están acusados de utilizar de forma fraudulenta los abonos de transporte conocidos como "billete único" del Consorcio de Transportes.