Los agentes de la Guardia Civil encargados de realizar la investigación del ahogamiento que causó el pasado martes la muerte del niño praviano Izan Álvarez Pérez en la granja-escuela La Bouza de Riberas centran desde ayer su trabajo en examinar toda la documentación que han recabado relativa a las condiciones de uso, permisos de funcionamiento y demás aspectos de orden sanitario y administrativo referidos a la piscina del complejo de ocio en la que murió el pequeño. Igualmente, son objeto de la investigación los contratos del personal que trabaja en la granja-escuela y su capacitación para las funciones que desempeñan.

Según un portavoz de la Benemérita, aún faltan documentos por llegar a manos de los agentes, por lo que el trabajo se puede alargar varios días. La investigación que por su cuenta abrió también el Ayuntamiento de Soto del Barco al día siguiente de producirse el ahogamiento tampoco ha sido cerrada según aseguró ayer a este diario un miembro del gobierno local y es probable que la Guardia Civil quiera tener también acceso a ese material.

En otro orden de la investigación, la Guardia Civil ha dado por concluida la toma de declaración a las personas que fueron testigos de los hechos ocurridos dentro de finca de La Bouza donde se ahogó Izan Álvarez Pérez. Además de haber tomado declaración in situ el día de la muerte del niño a varias personas, los agentes interrogaron en el cuartel de Soto del Barco a las dos monitoras que estaban al cargo del grupo del que formaba parte el crío praviano y a la directora de la granja-escuela, Conchita González. Las dos primeras comparecieron en calidad de testigos; la directora, como investigada.

Las monitoras dieron versiones parecidas de lo ocurrido: que estaban dentro del área vallada de la zona de baño vigilando al grupo a su cargo, formado por 17 niños, y que en un momento dado vieron flotando en el agua el cuerpo de Izan Álvarez Pérez. La directora, asesorada por un abogado, se acogió a su derecho a no declarar.

La instrucción que lleva a cabo la Guardia Civil dará como resultado un informe final que se convertirá en la primera pieza del procedimiento judicial a abrir para esclarecer las causas y las posibles responsabilidades penales del ahogamiento de Izan Álvarez Pérez. Así mismo, al expediente debe unirse el informe forense que confirmó la muerte del niño por ahogamiento. El Juzgado competente para evaluar el alcance penal de los hechos es el de primera instancia e instrucción de Pravia.