El niño praviano de cinco años Izan Álvarez Pérez se hallaba en compañía de otros 16 menores, todos al cuidado de dos monitoras, una de ellas en prácticas, en los instantes previos a su muerte en la piscina al aire libre de la granja-escuela La Bouza de Riberas, según declararon días atrás testigos del lamentable suceso a los agentes de la Guardia Civil encargados de esclarecer un fallecimiento que conmocionó al bajo Nalón el pasado 25 de julio.

Ahora la Benemérita ha solicitado al Gobierno regional distintos informes para aclarar tres cuestiones: si en La Bouza eran necesarios o no socorristas de acuerdo a la profundidad de la piscina, cuántos monitores eran necesarios en función del número de niños a su cargo y si contabilizaba o no como monitora la persona con contrato en prácticas, según fuentes de la Guardia Civil. "Una vez que tengamos estos informes todas las diligencias se remitirán al Juzgado de Pravia", precisaron medios próximos a la investigación.

La piscina "grande" de la granja-escuela La Bouza mide aproximadamente 12 metros de largo por 6 de ancho y el recinto vallado en el que se ubica amplía esas dimensiones hasta unos 25 por 10 metros. Dado ese escenario, la muerte por ahogamiento del niño praviano ocurrió en un área de unos 250 metros cuadrados y mientras le rodeaban otros 16 menores y dos adultos. Y ninguno lo vio hasta que fue tarde.

Lo ocurrido dentro de la piscina antes del ahogamiento, así como la legalidad de la instalación y la capacitación del personal al cargo de los niños son tres de las principales líneas de trabajo que tienen abiertas los investigadores de la Guardia Civil, que en los últimos días han tomado declaración al menos a las dos monitoras de la instalación y, en calidad de investigada, a Conchita González, directora de la granja-escuela de La Bouza.