El gobierno avilesino está buscando la fórmula para gestionar el servicio de recaudación de multas después de al menos dos intentos fallidos para adjudicar de nuevo ese contrato, caducado desde el 30 de septiembre de 2016. Una de las alternativas que maneja el PSOE es remunicipalizar esa gestión y ponerla en manos del Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, como ya hacen otros ayuntamientos. Actualmente, son los trabajadores municipales los que llevan a cabo esa labor, que acarrea una importante carga debido al considerable volumen de sanciones que se tramitan: una media de 31.500 denuncias al año de tráfico y seguridad. Eso ha provocado que algunas de esas sanciones prescriban.
"En las últimas semanas se han celebrado varias reuniones de carácter técnico analizando las diferentes alternativas con el fin de recabar toda la información necesaria para tomar una decisión", explicó ayer la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. No quiso avanzar nada más.
El problema para el Ayuntamiento llegó en octubre del año pasado, cuando finalizó el contrato anterior y los grupos de la oposición impidieron habilitar una partida para prorrogar ese servicio con la misma empresa. "Nosotros iniciamos a tiempo los trámites para licitar el servicio, pero se presentó un primer recurso que dilató el proceso y entonces decidimos suspender el contrato. Se elaboró un nuevo pliego y se presentó un segundo recurso. Ante esto tuvimos que asumir desde el Ayuntamiento la gestión, lo que ha supuesto que tengamos a todo el personal de la secretaría dedicado a esto y que hayan prescrito algunas sanciones", explicó hace unos meses el portavoz del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. En ese momento anunció que se estaban dando los pasos para una nueva convocatoria.
El Ayuntamiento, en su momento, sacó a licitación el contrato por un millón de euros y un plazo de cuatro años. Tanto IU como el sindicato Avanza instaron al gobierno a dar marcha atrás y remunicipar ese servicio contratando a más personal. "Con los 266.000 euros anuales que nos cuesta la privatización de las multas, el Ayuntamiento podría dotar de medios técnicos humanos suficientes a todos los servicios municipales implicados", afirmó el pasado julio IU.
