La piscina de la granja-escuela de Riberas de Pravia (Soto del Barco) donde el pasado 25 de julio se ahogó el niño praviano Izan Álvarez Pérez, de 5 años, carecía de socorrista, a pesar de que la normativa impone este servicio para una instalación de sus características, y tampoco tenía licencia municipal de apertura. Así lo recogen sendos informes remitidos al Juzgado de instrucción de Pravia por la Guardia Civil y por el Ayuntamiento de Soto del Barco, a los que ha tenido acceso este periódico. Además, el propio centro ha reconocido que no contaba con un seguro de responsabilidad civil cuando ocurrió el fallecimiento. Los padres del menor advirtieron expresamente y por escrito, al realizar la matrícula, de que su hijo padecía "mucho miedo al agua"; un documento que también está en posesión de la jueza.
El informe de la Guardia Civil no deja lugar a dudas. La piscina donde murió ahogado el niño Izan carecía de socorrista, un servicio que debería prestar de acuerdo a la normativa autonómica, ya que dispone de una profundidad de más de 1,60 metros (es de 1,80). Además, los agentes encargados de la investigación indican que el vaso pequeño de la instalación acuática, destinado a los menores que no saben nadar o que tienen pocas habilidades, no cumple la normativa al estar demasiado próximo al grande y no haber obstáculos insalvables entre ambos.
En el documento remitido por la Benemérita al Juzgado de Pravia también se recogen las declaraciones de las dos monitoras, de 18 y 19 años, que estaban al cargo del grupo de 17 niños cuando se produjo el fallecimiento. En él, se detalla que una de las jóvenes se encontraba en prácticas y, por lo tanto, no había completado la formación necesaria para la realización de determinadas tareas. El texto no aporta datos sobre lo que pudo pasar para que Izan acabara en el agua sin que nadie se percatara de ello.
En otro de los documentos remitidos la Juzgado al que ha tenido acceso este diario, en este caso elaborado por el Ayuntamiento de Soto del Barco, se explicita que la piscina de la granja-escuela Palacio de la Bouza "no tenía licencia de apertura", a pesar de que llevaba en funcionamiento más de dos décadas. Se trata de un texto breve, que da respuesta a uno de los requerimientos realizados por la titular encargada de la instrucción del caso.
También está en posesión del Juzgado otra respuesta, en este caso de la empresa encargada de gestionar la granja-escuela, donde reconoce que el centro carecía de un seguro de responsabilidad civil en el momento en el que tuvo lugar la muerte del niño. Un déficit que ha llamado especialmente la atención de los encargados de la investigación, que continúa abierta.
La jueza citó hace tres semanas a la directora de la granja-escuela, que rehusó hacer declaraciones (la misma postura que adoptó en julio ante la Guardia Civil), a las dos monitoras que cuidaban del grupo cuando tuvo lugar el ahogamiento y a los padres del pequeño. La pareja, que reside en Pravia, aportó la matrícula de su hijo en el centro de ocio. En ella, se especifica, en el apartado "Observaciones", que el menor tenía "miedo al agua". Está pendiente aún de que pase por el Juzgado el administrador del centro. Lo hará en las próximas semanas.
La muerte del pequeño Izan Álvarez Pérez conmocionó a los asturianos hace poco más de mes y medio. El niño praviano había sido matriculado por sus padres, tras el final del curso escolar, en un campamento de verano ofertado por la granja-escuela Palacio de la Bouza, donde se realizaban diferentes actividades lúdicas. Por este centro han pasado miles de pequeños, tanto de la región como de otros puntos de España, durante un cuarto de siglo y, por lo tanto, es muy conocido dentro y fuera de la comarca avilesina.
Las investigaciones se centraron desde un primer momento en desvelar cómo el niño praviano acabó en la piscina donde falleció sin que nadie se diera cuenta. En ese momento, estaba disfrutando de juegos con el resto de los menores apuntados al campamento. Fue una de las monitoras que estaba a su cuidado quien sacó el cuerpo del agua. Pocos minutos después, se personaron en la granja-escuela personal especializado en primeros auxilios del concejo de Soto del Barco. Después, lo hizo una ambulancia medicalizada y, posteriormente, varios agentes de la Guardia Civil.
La Benemérita pidió desde un primer momento a la dirección del centro que aportara todo tipo de documentación sobre su actividad y sus instalaciones, en las que, además de piscina, hay recintos con animales. Tras tomar declaración a testigos y responsables de la granja-escuela remitió un documento al Juzgado de instrucción de Pravia, que arrancó sus indagaciones a principios de agosto. La apertura de juicio oral no tendrá lugar hasta dentro de unos meses.
