Las irregularidades de la granja-escuela de Soto del Barco donde murió ahogado en julio el niño praviano Izan Álvarez Pérez, de cinco años, según unos informes de la Guardia Civil y el Ayuntamiento desvelados por LA NUEVA ESPAÑA, han provocado una fuerte conmoción vecinal en el concejo. Por este motivo, parte de la oposición municipal solicitó ayer "explicaciones urgentes" sobre la falta de una licencia de apertura de la piscina del centro, que tampoco tenía socorrista ni seguro de responsabilidad civil. Izquierda Unida (IU) anunció que presentará una moción para exigir que este asunto se incorpore al orden del día del próximo Pleno, el 28 de septiembre, que intentará consensuar con el resto de partidos.
"Resulta difícil de entender que la piscina de una granja-escuela que se publicita en todas partes con fotos incluidas no tuviera licencia municipal de apertura", señaló ayer Miguel Ángel López, concejal de IU en el Ayuntamiento de Soto del Barco. "No estamos hablando de una instalación en la azotea de un edificio o escondida en algún punto poco transitado, sino que estaba en un centro que todo el mundo conoce y que lleva funcionando 25 años", prosiguió el edil. "Es una situación que necesita explicaciones", añadió.
Por este motivo, anunció que presentará una moción de urgencia de cara al próximo Pleno municipal. "Trataré de consensuarla con el resto de las formaciones durante los próximos días. Creo necesarias unas explicaciones por parte del gobierno local", remató el edil.
También el Partido Popular y Foro meditan pedir explicaciones por la falta de licencia municipal en la instalación donde se produjo el ahogamiento, aunque sus representantes rehusan por el momento hacer declaraciones, a la espera de tomar una decisión definitiva. El Pleno de Soto del Barco está compuesto por once concejales: siete pertenecen a CISB, el partido independiente del alcalde, Jaime Menéndez Corrales, que cuenta con una holgada mayoría absoluta; uno al PSOE; uno al PP; uno a Foro Asturias; y otro, a Izquierda Unida.
El informe municipal remitido al juzgado de Pravia que advierte de que la piscina de la granja-escuela carece de licencia de apertura ha levantado la polémica política y también la vecinal, ya que por el centro han pasado miles de niños asturianos y de otras regiones españolas durante el último cuarto de siglo. Además, según la Guardia Civil, la instalación acuática debía contar con un socorrista en el momento en el que se produjo el fallecimiento del niño praviano de acuerdo a la normativa autonómica, ya que dispone de una profundidad de más 1,60 metros. Los agentes encargados de la investigación alertan también en ese documento de que la piscina cuenta con irregularidades debido a la falta de barreras entre el vaso pequeño, destinado a los menores que no saben nadar, y el grande.
La granja-escuela no contaba en el momento de la tragedia con un seguro de responsabilidad civil, una de las dos monitoras al cuidado del grupo de niños estaba en prácticas y los padres del pequeño ahogado habían advertido, por escrito, de que su hijo tenía pánico al agua. Esta presunta falta de control ha llevado a la juez de instrucción de Pravia a abrir una investigación que afecta al dueño, la directora y las cuidadoras. Las diligencias siguen abiertas en medio de la perplejidad de los vecinos de Soto del Barco.
