La concejala de Consumo, Ana Hevia, ha elevado al Principado la denuncia que presentó la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) frente a la Fundación del Centro Niemeyer por supuestas irregularidades en la organización de la Holi Party, que se celebró el pasado 27 de agosto. Como informó este periódico, la UCE remitió un escrito de denuncia a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para que se sancione a la Fundación del Centro Niemeyer por incumplimiento grave de la ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Asturias al prohibirse el acceso al recinto con bebida, comida y bolsas con polvos de colores adquiridas fuera. El portavoz de este colectivo, Dacio Alonso, cree que "el Ayuntamiento de Avilés pretende eludir su competencia y responsabilidad en esta denuncia".
Alrededor de una veintena de personas, la mayoría padres de menores, se pusieron en contacto tras el festival con la asociación manifestando su "cabreo" por las restricciones a la hora de acceder al complejo cultural de la ría, el origen de esta denuncia. La Fundación del Niemeyer argumentó que se veló en todo momento por la seguridad de los asistentes. "Una cosa es la seguridad y otra vaciar el agua de un biberón, requisar una bolsa de gusanitos e impedir entrar con la merienda de los niños. Estamos hablando de situaciones de esa naturaleza", explicó entonces Alonso.
La denuncia de la Unión de Consumidores, fechada el 18 de septiembre, pide "que se inicie un procedimiento investigador y/o sancionador de los hechos por parte de la concejalía del Ayuntamiento de Avilés que corresponda", que dicho procedimiento "incluya una sanción grave a la Fundación Niemeyer por infracción de la utilización del derecho de admisión de forma discriminatoria o arbitraria" y que se indague "si existen hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios en el recinto".
La concejala Ana Hevia respondió a la UCE que la denuncia "ha sido remitida a la Dirección General de Interior de la Consejería de Presidencia, organismo competente en su tramitación". "El Ayuntamiento pretende eludir su competencia y responsabilidad en esta denuncia. La Ley del Principado de Asturias de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas dice explícitamente que los concejos cuya población supere los diez mil habitantes serán competentes para la tramitación y resolución de los expedientes sancionadores", protestó Alonso.
