La autorización para la puesta en funcionamiento de la regasificadora de Gijón "estará lista antes de que termine la legislatura". Esto es lo que aseguró ayer el Consejero de Industria, Isaac Pola, quien ayer se reunió en Madrid con Daniel Navia, Secretario de Estado de Energía.

"Que tengamos la autorización no quiere decir que la instalación se ponga en marcha: hay que ir paso a paso", añadió Pola. El Consejero aseguró que la habilitación de la autorización ya ha llegado al Consejo de Estado, que es el último trámite antes de que se apruebe el decreto definitivo, un documento que sacará de la hibernación a una instalación que duerme profundamente desde hace un lustro.

El final de la hibernación de la regasificadora no será automático porque la empresa Enagás -la que lo construyó- tiene que obtener una resolución favorable sobre las condiciones técnicas y económicas para dar comienzo a las operaciones de la instalación; esta resolución depende de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Al tratarse de un servicio estratégico, la ley establece retribuciones para infraestructuras como la regasificadora. Esas cargas económicas recaen sobre los consumidores, en el recibo del gas.

En marzo de 2016 la empresa Enagás -que gestiona la red gasista de España y que es la propietaria de la regasificadora de El Musel- inició la tramitación de un expediente nuevo para la instalación portuaria ya que el Tribunal Supremo había declarado nula la autorización para construirla que había concedido el Ministerio de Industria en 2008 (está a menos de dos kilómetros de un núcleo poblado). Este nuevo trámite se puso en marcha el año pasado y está a punto de llegar a su meta con un objetivo principal claro: salvar la planta de la demolición.

La regasificadora del puerto del Musel se acabó de construir en 2012 y fue una de las justificaciones de la ampliación de los muelles gijoneses. Nunca ha entrado en servicio. Enagás considera que puede ser rentable si abastece gas natural licuado a buques y sirve como almacén con destino final a otros países. La operatividad de la instalación fabril, según Pola, quedará, pues, para el próximo mandato.