El importe final del recibo de la contribución es la principal batalla que debe pelear el gobierno local si quiere llegar a un acuerdo en las ordenanzas fiscales del próximo año con la oposición. El Impuesto de Bienes Inmuebles, el gran impulsor de los ingresos del Ayuntamiento de Avilés -y de la mayoría de consistorios- está basado en el valor catastral de los inmuebles, tanto urbanos como rústicos, y la pugna está en el tipo que hay que aplicar para conseguir el resultado final. El gobierno quiere mantener en 2017 una recaudación de en torno a los 16,6 millones de euros y para ello se debería subir el recibo que pagan los vecinos un 6,6 por ciento -unos nueve euros más, de media-. La oposición, en cambio, no quiere que los avilesinos paguen ni un céntimo más que este año y de ahí que todos propongan reducir el tipo de tal manera que el recibo, al menos, se mantenga. La respuesta del gobierno se conocerá hoy.

El quid de todo está en la revisión catastral de 2012, que provoca que cada año el recibo suba un 10 por ciento hasta el año 2022. Para compensar ese incremento, el Ayuntamiento puede tocar ese tipo y este año el PSOE propone que pase del 0,71 al 0,70. Si bien todos los partidos instan a una reducción, solo Somos ha puesto encima de la mesa qué tipo es el que permitiría un mínimo impacto para los vecinos de la revisión catastral: 0,67. La propuesta de la formación morada, a la que también se suma IU, es conseguir la implantación de un IBI diferenciado.

En el caso de Somos, además del tipo del 0,67 para los bienes inmuebles de naturaleza urbana, platean que el IBI rústico quede fijado en el 0,96 mientras que la contribución de bienes de características especiales sea del 0,60 por ciento. Abogan por aplica el tipo de gravamen incrementado en el 1,3 por ciento a los bienes urbanos de uso "solar" cuyo valor catastral sea superior a 135.000 euros y, sobre todo, aplicar un tipo de 0,75 a los inmuebles de uso no residencial cuyo valor catastral sea superior a un millón de euros. Esto es, "que las mayores empresas sean las que hagan un pequeño esfuerzo adicional", según Somos. "La recaudación adicional a la del ejercicio actual estimada sería cercana a los 400.000 euros", afirma.

El IBI es el único impuesto que toca el gobierno local. No obstante, el resto de partidos abogan por modificaciones en otros, sobre todo en la plusvalía y en el IAE. El Partido Popular es partidario de aumentar las bonificaciones en el impuesto de la plusvalía. En el caso de una transacción por causa de muerte de un familiar, aboga porque se aplique a todos los casos la bonificación máxima que permite la ley, que es del 95 por ciento. Para los supuestos de transmisiones "intervivos", propone que también se llegue a esa bonificación del impuesto de plusvalías del 95 por ciento, pero en varios años.

Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) -sólo grava a las sociedades que facturan más de un millón de euros-, Somos plantea bonificaciones por la creación "de empleo de calidad" y para empresas "que desarrollen actividades declaradas de interés por acuerdo plenario". El IAE es la gran apuesta del grupo de Ganemos Avilés. La formación que lidera Agustín Sánchez plantea penalizar con un aumento del 10 por ciento del tipo a las empresas "socialmente insolidarias", esto es: aquellas que no aumentan plantilla (o incluso la disminuyen) y las que no hacen inversiones para reducir su carga contaminante. De cambiar su tendencia, esas mismas empresas se podrían acoger a bonificaciones.

En cuanto a las tasas, el PP e Izquierda Unido han coincidido en proponer al gobierno local la creación de una tarifa diferencial de la tasa del agua para comercios, oficinas y despechos, que ahora deben pagar como si consumieran la tarifa del agua industrial.