Todas las personas que tuvieron en algún momento intervención en la gestión o la administración de la sociedad Nueva Rula de Avilés y que esta mañana han prestado declaración en el Juzgado Mercantil de Gijón para dirimir su responsabilidad social negaron que la lonja haya realizado en algún momento de su existencia ventas de pescado "en B" (es decir, ocultas al Fisco) o manifestaron no tener conocimiento de tal hecho. Hasta trece exconsejeros o consejeros actuales de Nueva Rula de Avilés responden, a instancias de la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas", de su actuación, y más en concreto de su posible consentimiento a la realización de compraventas fiscalmente fraudulentas, lo que motivó una multa de la Agencia Tributaria por importe de 1,2 millones de euros tras una inspección que habría revelado los manejos de la rula.
El actual presidente de Nueva Rula de Avilés, que también lo es de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, ha explicado que la decisión de aceptar la multa propuesta por la Agencia Tributaria pese a tener la tranquilidad de conciencia de saber que no había habido defraudación alguna se tomó en aras a evitar un riesgo mayor a la sociedad que regenta la lonja pesquera: "Abrir la vía penal podría haber significado la ruina de la sociedad, no tanto por la resolución económica del hipotético juicio como por el daño comercial y de reputación".
El gerente de Nueva Rula de Avilés, Ramón Álvarez, ha declarado en calidad de testigo que "resultó imposible convencer al inspector de Hacienda de la legalidad de nuestras operaciones por más que se aportó amplia documentación y se dieron todas las explicaciones pertinentes". Álvarez ha negado también "ventas en B" y coincidido con Rodríguez Vega en que "de no haber aceptado los términos de la sanción que propuso Hacienda, algo a lo que yo me negué inicialmente, el daño comercial a la rula podría haber sido irreparable".
El juicio para esclarecer la responsabilidad de los exconsejeros y varios cargos en activo en la rula de Avilés seguirá mañana en el Palacio de Justicia de Gijón con la declaración de varios peritos y del inspector de Hacienda que detectó las irregularidades contables que finalmente precipitaron la ruptura de relaciones entre la cofradía de pescadores de Avilés y los demás rectores de la lonja.
