La sociedad Nueva Rula de Avilés lleva la contabilidad de sus ventas "por el libro" y "bajo un control estricto", en ningún momento desde que la entidad gestiona la rula de Avilés (2009) sus responsables tuvieron "ánimo de defraudar a Hacienda" y si estuvieron conformes con el pago de una sanción tributaria de 1,2 millones por la supuesta ocultación de ventas por un importe aproximado de 10 millones de euros entre 2009 y 2011 fue "para evitar un mal mayor". Estas tres afirmaciones son las que dan forma a la línea de defensa tras la que se parapetan, en el juicio que empezó ayer en Gijón, los trece consejeros o exconsejeros de Nueva Rula de Avilés contra los que ejercita la acción de responsabilidad social la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas" en la presunción de que hicieron una mala administración de los intereses de la sociedad, causando a la misma -y a las empresas y armadores clientes de la rula- un importante quebranto económico.
De los trece encausados, ayer sólo prestaron declaración el actual presidente del Puerto y de la sociedad Nueva Rula de Avilés, Santiago Rodríguez Vega; el exdirector del Puerto Miguel Villalobos y el exasesor jurídico de la Cofradía, Alfonso de la Guerra. Otros encausados, como el actual director general de Pesca del Principado, Alberto Vizcaíno, uno de sus antecesores en el cargo, José Ignacio Cabrera Calvo-Sotelo; o el expatrón mayor de "Virgen de las Mareas" Gregorio López asistieron a la vista en calidad de meros espectadores.
El interrogatorio del abogado de la Cofradía, Manuel Rubialdeflores, a Santiago Rodríguez Vega reveló bien pronto la estrategia defensiva de los demandados. Preguntado por cuáles fueron las discrepancias con la Agencia Tributaria cuando ésta inspeccionó las cuentas de la rula, el presidente de la sociedad gestora respondió que el técnico de Hacienda "interpretó que una base de datos de ventas era contradictoria con otra del ámbito de la gestión contable y llegó a la conclusión de que la diferencia eran ventas ocultadas, lo cual no es cierto". A este respecto, añadió: "Para trucar las ventas de la rula como dio a entender el inspector fiscal habría que ser físico nuclear, pero no hubo nada que hacer, no pudimos convencerle por más que lo intentamos".
El abogado inquirió entonces la razón por la que, estando convencidos de la legalidad de la gestión de la rula, se firmó un acta de conformidad con Hacienda aceptando la comisión de un fraude y el pago de una sanción de 1,2 millones. Rodríguez Vega expuso que "ya no sabíamos cómo hacer ver al inspector que su interpretación era errónea y, temiendo que tampoco un juez lo entendiese, decidimos ser prudentes, aceptar el mal menor y pagar la sanción para zanjar el tema antes que arriesgarnos a un hipotético juicio por delito fiscal que hubiera puesto en riesgo la existencia misma de la rula, su actividad comercial y su reputación".
Santiago Rodríguez Vega admitió que en un momento dado llegó a asumir en exclusiva el peso de las negociaciones con la Agencia Tributaria, que recabó informes de juristas expertos -si bien de los mismos no quedó constancia documental- y que no pensó nunca en exigir responsabilidades a los antiguos consejeros "porque no me consta la comisión de delito alguno ni tengo razones éticas para pedir cuentas a alguien de un funcionamiento de la rula que a mis ojos es correcto y al que los auditores de las cuentas anuales nunca pusieron objeciones". El abogado de la Cofradía trató de buscar nexos políticos en esa decisión de no "hurgar en el pasado" interrogando a Rodríguez Vega por su militancia socialista y el vínculo entre la misma y los cargos públicos que ocupa, a lo que el interpelado, irónico, dijo que también es "voluntario de Cruz Roja" y que el PSOE "no es miembro del consejo de administración de la rula".
Las declaraciones de Villalobos y De la Guerra nada aportaron a la causa: negaron tener conocimiento alguno de prácticas fiscales fraudulentas por parte de la gerencia de la rula y negaron -como todos los consejeros- tanto haber cobrado alguna remuneració o dieta como haberse apropiado de dinero alguno en el tiempo que fueron consejeros. "Yo, por no saber, no sé ni dónde está la caja fuerte de la rula, si es que la tiene", aseveró De la Guerra.
La declaración en calidad de testigo del gerente de Nueva Rula de Avilés cuando se produjo la supuesta defraudación fiscal, Ramón Álvarez, versó en gran medida sobre el control de las ventas de pescado de la lonja, una mecánica tan compleja que hasta la juez, Covadonga Medina, tomó en un momento dado las riendas del interrogatorio para aclarar sus dudas. El testigo calificó la actitud del Fisco durante la inspección de que fue objeto la rula como "inquisitorial", defendió la transparencia contable de la lonja y admitió que nada ha cambiado tras la inspección fiscal "porque no hay otra forma de llevar el control de las ventas". El juicio se reanuda esta mañana con la declaración de peritos y del inspector de Hacienda.
