La cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas" pide 1,14 millones de euros, más el pago de intereses de demora y de las costas del juicio, a los trece consejeros y exconsejeros de la sociedad gestora de la rula de Avilés a los que sentó en el banquillo y a quienes imputa prácticas negligentes y en algún caso delictivas en el ejercicio de sus funciones como miembros del consejo de administración de la lonja pesquera avilesina.

Los cargos concretos son la existencia de irregularidades contables (presuntamente consentidas por los demandados), la apropiación de 606.000 euros (generados por la supuesta ocultación al Fisco de ventas de pescado), la propia realización de esas ventas "en B" y, en el mejor de los casos, la conformidad mostrada con el pago de una multa a Hacienda por importe de 1,2 millones de euros en la presunción de que la contabilidad de las ventas de pescado era legal y correcta.

La Agencia Tributaria, según se puso de manifiesto ayer en la segunda sesión del juicio a los trece miembros del consejo de la rula, detectó 84.000 línea de venta de pescado (equivalentes como mínimo a otras tantas transacciones) realizadas entre 2009 y 2011 y que no tuvieron su correspondiente reflejo en la facturación ni constan en la contabilidad. Esto es, al menos, lo que sostuvo el inspector de Hacienda Eduardo Flórez Gómez-Lacazette, que se ratificó en sede judicial en las conclusiones que en su día llevaron a la firma de un acta de conformidad por fraude fiscal y la imposición de una sanción de 1,2 millones de euros a la sociedad Nueva Rula de Avilés.

La defensa de los demandados llamó como testigos a tres peritos: el asesor fiscal contratado por Nueva Rula de Avilés para reconducir la inspección fiscal de que fue objeto la entidad, el director de la empresa suministradora del software usado para la gestión de las ventas de pescado y un socio de la firma auditora que supervisa cada año las cuentas de la rula. Sus testimonios incidieron, según los casos, en la correcta gestión contable de las ventas de la lonja, en la "imposibilidad" de alterar informáticamente las cifras de comercialización de pescado y en la adaptación de las cuentas de la entidad a todos los parámetros legales exigibles. Oídas todas las partes, la magistrada Covadonga Medina Colunga debe dictar ahora sentencia.