Una de las consecuencias de la entrada de la firma Montrasa en proceso de concurso de acreedores es que los 34 trabajadores despedidos hace año y medio a los que se les adeudan salarios por importe de 1,5 millones no verán, de momento, ni un céntimo de los mismos, si bien figurarán como acreedores preferentes. Este hecho ha golpeado la moral del colectivo, admiten los afectados, que ayer se concentraron ante la planta de Alcoa para reivindicar una solución que les saque del laberinto laboral en el que están perdidos.
