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La cofradía de pescadores de Avilés quema las naves

El juicio celebrado para dirimir las responsabilidades patrimoniales de trece consejeros de la rula evidencia el grave cisma del sector pesquero avilesino, condenado a no entenderse

Una pasada reunión del consejo de administración de Nueva Rula de Avilés. RICARDO SOLÍS

La historia atribuye a Hernán Cortés la orden de quemar los barcos de su flota durante la conquista de México para que nadie tuviera la tentación de recular por la dificultad de la misión. Y aunque realmente el mandato del conquistador fue hundir las naves -no quemarlas- la expresión hizo fortuna como sinónimo de lanzarse a por un objetivo a la desesperada. Exactamente lo que ha hecho la Cofradía de Pescadores "Virgen de las Mareas" de Avilés en su pulso con los rectores de la rula, sociedad de la que es accionista, a los que acusa de haber causado un quebranto a la entidad por importe de 1,14 millones de euros.

El juicio para dirimir qué hay de cierto en esa acusación está pendiente de sentencia, pero no es difícil anticipar que la cofradía tiene mucho que perder y poco que ganar sea cual sea el sentido de la misma: si gana, porque la hostilidad con que es tratada por los socios mayoritarios de la rula se acrecentará a extremos seguramente insostenibles; y si pierde, porque el pago de las costas procesales al que sería condenada haría una vía de agua en las cuentas de la entidad que puede mandarla a pique. En cualquiera de los casos, el cisma abierto en el sector pesquero avilesino desde que la nueva rula entró en funcionamiento, con fuga de barcos incluida, lleva camino de acabar en fractura absoluta. Las posturas de las partes en conflicto se han tornado irreconciliables.

La profesionalidad y la honestidad de trece consejeros de Nueva Rula de Avilés (del presente o del pasado) han sido puestas en tela de juicio con graves acusaciones: la apropiación de 606.000 euros generados con prácticas fraudulentas de venta de pescado, el consentimiento de la realización de compraventas de pescado "en B" por valor de 10 millones de euros y la firma de un acta de conformidad fiscal que acarreó a la rula el pago de una sanción de 1,2 millones de euros.

"Se trata de una demanda demencial, calumniosa, desleal, cínica, absolutamente carente de base y cargada de mala fe", se despachó al final del juicio Ángel Bernal, abogado entre otros de Santiago Rodríguez Vega, presidente del consejo de la rula en virtud de ocupar la presidencia del Puerto de Avilés, y de Alberto Vizcaíno, director general de Pesca, dos de los trece demandados por la cofradía.

"Los demandados realizaron una escenificación judicial carente de toda prueba sólida, una estrategia dirigida a lograr su verdadero objetivo: que no se arrojase luz sobre los asuntos enjuiciados", concluyó Manuel Rubialdeflores, abogado de la cofradía. El letrado también resaltó que "si bien por la parte demandada se manifestaron muchas discrepancias con el criterio de Hacienda que supuso la imposición de una multa por fraude fiscal, nadie pudo aportar una auditoría o informe que rebatiese la existencia de manejos contables ocultos".

El desarrollo del juicio, que duró dos días, dejó momentos que calentaron la temperatura de la sala y que evidencian la tensión latente entre la cofradía y los otros dos socios de la rula (el Puerto de Avilés y el Principado de Asturias). Santiago Rodríguez Vega aprovechó su tiempo de interrogatorio para poner a la juez en antecedentes de cómo se las gasta la cofradía: "A raíz de la inspección fiscal realizada a la rula, la cofradía eludió, en un claro ejercicio de deslealtad, sus responsabilidades como accionista y acentuó las presiones en forma de campaña de desprestigio con la manifiesta intención de hacerse con su control".

El presidente portuario también dedicó palabras recriminatorias al vicepatrón mayor de "Virgen de las Mareas", José Ignacio Santiago, "un armador de gran capacidad de influencia que es quien maneja los hilos de la cofradía". Y, ya lanzado, negó la "representatividad de la cofradía como agente pesquero" y denunció que opere "en el terreno de la opacidad". No tocaba ni era el foro, pero Rodríguez Vega se quedó a gusto.

La declaración como testigo del gerente de la rula, Ramón Álvarez, evidenció la extrema complejidad del sistema de ventas de la lonja, tanta que llegó a admitir su incapacidad para explicárselo, en su día, al inspector fiscal que veía tongo donde, según los administradores de la rula, hay absoluta limpieza. No menos farragosa fue la declaración de Eduardo Flórez Gómez-Lacazette, el funcionario de Hacienda que a la rula de prácticas comerciales fraudulentas. El abogado Ángel Bernal lo llevó al terreno de las contradicciones en un intento de restar crédito a una de las grandes pruebas de cargo contra sus defendidos: la existencia de una inspección tributaria desfavorable.

Oídos todos los testimonios de testigos y peritos e interrogados tres de los trece demandados, cada parte se enrocó en sus posturas iniciales y mostró confianza en que la sentencia le será favorable. El fallo de la juez, por tanto, será traumático en un sentido o en otro. Y también combustible para atizar un incendio que está reduciendo a cenizas la pesca avilesina y que erosiona el prestigio y la imagen de la rula de Avilés, la mayor de Asturias.

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