El exalcalde de Corvera Luis Belarmino Moro; su exteniente de alcalde, Ana Belén Toro; el exconcejal de Urbanismo y expresidente del PP en Corvera, Luis Solares y el resto de los doce acusados por la "trama del agua" irán a juicio en próximas fechas, según se puede leer en un auto fechado el pasado día 24 de octubre y en el que se ha dado carpetazo definitivo a la investigación de las relaciones comerciales de la empresa Aquagest con el Ayuntamiento de Corvera: una maraña de documentos vinculados a la construcción de las piscinas de Las Vegas y que dejó huella por ayuntamientos de media Asturias
El proceso se abrió hace cinco años y, tras muchas idas y venidas, el magistrado instructor del caso ha enviado la instrucción a uno de los dos juzgados de lo Penal de Avilés -está por determinar- para que ponga fecha para el comienzo de las vistas dado que este mismo instructor considera que los tribunales de Avilés son competentes para desarrollar el pleito (la defensa de algunos acusados se manifestaron en su momento de forma distinta). Según fuentes cercanas a la investigación, el juicio se prevé largo dado el alto número de testimonios reclamados y también de acusados. De esta última lista se ha caído Joaquín Fernández, "al no resultar debidamente justificada la perpetración de los hechos que se le imputaban".
El instructor del caso requiere a los doce acusados a que "presten fianza" para asegurar las responsabilidades civiles "que pudieran imponérseles". Sobre ellas destaca la reclamada por el Ayuntamiento de Corvera. Quiere que los acusados le indemnicen con 250.000 euros "conjunta y solidariamente" por los daños y perjuicios ocasionados a las arcas municipales por la "contratación fraudulenta" de las obras de las piscinas y "por los sobrecostes originados a los fondos públicos". El relato de la Fiscalía pone el foco, en este punto, en los cinco políticos acusados a quienes imputa delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y cohecho continuado. Además, la defensa del trabajador que permitió la apertura de la investigación acusa a Miguel Ángel Villalba, a su hermana Elena, a la madre de estos y al exnovio de la segunda delitos contra la Hacienda Pública y también contra los derechos de los trabajadores.
La propia empresa Aquagest está en la lista de los acusados por ser presunta autora en sí misma de un delito de cohecho. Por él, el fiscal considera que la sociedad mercantil tendría que pagar 500.000 euros en concepto de multa, a razón de 100.000 por año.
La "trama del agua" estalló en la comarca de Avilés en agosto de 2012, cuando el Ministerio de Hacienda reclamó al hijo de un pintor residente en el golfo Pérsico desde 2007 el pago del IRPF y del IVA de unas facturas por órdenes de trabajo fechadas en 2009 y que no pudo haber realizado por encontrarse en ese momento fuera del país. Estas facturas abrieron la "Operación Oriente" que ha terminado llevando al banquillo al exalcalde de Corvera, a sus dos concejales más cercanos, a la cúpula de ASIA y a cuatro mandos de Aquagest.
