La seguridad del aeropuerto trae de cabeza a la comarca de Avilés y a otras zonas de Asturias. Los 16 concejos que se encuentran en las áreas de influencia de las operaciones aéreas están obligados desde 2012 a lograr un informe favorable de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, antes de autorizar la ejecución de construcciones, instalaciones o plantaciones. El malestar radica en que toda obra de este tipo tiene que pasar ese trámite, ya sea un bloque de pisos en Piedras Blancas o una vivienda unifamiliar de planta baja en el barrio avilesino de Valgranda. Varios ayuntamientos han manifestado ya su malestar y los de la comarca avilesina plantean hacer un bloque común y llevar esta situación a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), puesto que esta situación afecta a todos los términos municipales del país que se encuentran bajo el área de influencia de aeropuertos. "Hay que poner cordura, en la Agencia de Seguridad Aérea reconocen que están desbordados", sentencia Alberto Tirador, alcalde de Illas y miembro de la FEMP.
"Las servidumbres aéreas nos condicionan muchísimo. Cualquier tipo de construcción, hasta la instalación de una grúa, conlleva una solicitud a AESA por parte del interesado, que tiene un plazo de respuesta de entre dos y seis meses. Esto conlleva retrasos en la concesión de licencias de obra, paralización de expedientes (...) Es lógico realizar este trámite cuando se proyecta un edificio en cotas importantes pero, ¿qué sentido tiene por ejemplo en Salinas, para una vivienda unifamiliar que no supera la altura de la de al lado?", plantea Yasmina Triguero, alcaldesa de Castrillón, concejo en el que está asentado el aeródromo asturiano.
La misma situación se da en Avilés. La zona de influencia del aeropuerto afecta a dieciséis ayuntamientos, pero el concejal de Promoción Económica de Avilés, Manuel Campa, sostiene que "la zona más perjudicada", por su cercanía a la pista de Santiago del Monte, es "la nuestra". "Entendemos que si se aprueba un Plan de Ordenación Urbana tenga que tener el visto bueno de Seguridad Aérea, pero una vez que tiene luz verde sólo tiene sentido el trámite que se exige en casos excepcionales, cuando se proponga superar una cota concreta. No es lógico que haya que notificar la construcción de una vivienda unifamiliar en Valgranda y tener que esperar seis meses para que respondan. Es una pérdida de tiempo que hace que los planes de concesión de licencias se dilaten innecesariamente", apunta Campa.
También habla de "sin sentido" Alberto Tirador, que ha visto como un vecino de Illas casi pierde una subvención mientras esperaba por el visto bueno de AESA: "Entendemos que haya que pedir permiso a partir de una cota de altura concreta, pero tal y como está establecido da lo mismo que quieras construir o cambiar un tejado en la cima del Pico Gorfolí que en lo más hondo del valle de Illas". El Regidor llegó a contactar con Seguridad Aérea para intentar agilizar trámites relacionados con las servidumbres aéreas del aeropuerto. En el organismo, sostiene, no tienen manos para tanto papeleo: "Están desbordados, tiene que tramitan las solicitudes de toda España y me llegaron a reconocer que todo esto deberíamos gestionarlo los propios Ayuntamientos. Entiendo que si alguien plantea construir una torre de 300 metros de alto, haya que pedir permiso a Seguridad Aérea, pero tal y como está establecido demuestra que falta sentido común". "Lo que hacemos es perjudicar a los vecinos, a la ciudadanía, con normas que se escapan de toda lógica. Hasta para una ampliación de una casa, por ejemplo, hay que salvar este trámite. Es una locura, y para el ciudadano una traba", concluyó Tirador. Las zonas de Asturias afectadas por las servidumbres aéreas pertenecen a los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Illas, Soto del Barco, Candamo, Carreño, Cudillero, Gijón, Las Regueras, Llanera, Muros de Nalón, Noreña, Pravia, Siero y Valdés.
En el caso de algunos concejos, como Castrillón, no sólo condiciona las construcción, también la masa forestal. Las fincas más próximas al aeropuerto no pueden tener ningún tipo de plantación y los propietarios de las fincas o montes más próximos al Aeropuerto tienen que talar los árboles altos por suponer un peligro para la seguridad y las emisiones de radio de los aviones que aterrizan y despegan. "Nosotros hacemos un preaviso a los propietarios, pero si no son localizados o no acometen las talas, se enfrentan a multas muy cuantiosas", recordó Triguero, que pide "flexibilidad" y confía en llegar a una solución a través de las federaciones de municipios, puesto que esta problemática "afecta a todo el país".
