El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Corvera Enrique Bueno (IU) y el secretario Ramón Menéndez Chaves tendrán que sentarse finalmente en el banquillo por la negociación del convenio de Quintanas de Chacón y la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. La sección 2 de la Audiencia Provincial ha desestimado, en firme, el recurso presentado por Chaves, al que se adhirió Bueno, para tratar de evitar la apertura del juicio oral y, por tanto, las diligencias continúan.

Los dos investigados, que afrontan un total de 4 años y medio a petición de la Fiscalía, alegaron "la ausencia de pruebas de cargo y de indicio", tratando de desmontar los argumentos del auto de apertura de esta nueva etapa del proceso, la del juicio oral. El auto de la Audiencia Provincial recoge que desestima el recurso "ante la apreciada trascendencia delictiva de los hechos imputados, máxime cuando el Ministerio Fiscal ya ha formulado escrito de acusación, sin que las alegaciones exculpatorias rebatiendo los argumentos de la Magistrado instructor puedan ser analizados en esta fase del procedimiento por exceder de su ámbito procesal", es decir, que los magistrados no entran a valorar si existió delito, sino que los presuntos delitos son lo suficientemente graves para que se decida su existencia en un juicio.

El proceso viene de largo. El promotor de Quintanas de Chacón denunció en su momento presiones en la negociación del convenio para la construcción en esta zona de Las Vegas, donde el exconcejal tiene una propiedad, y también que el exedil participara en la votación por la que se aprobó el PGOU que también afecta a la zona en cuestión, mientras Bueno alega que ni existieron esas presiones, ni que el plan urbano le beneficiara y, por tanto, podría votar su aprobación. En Chaves, la Fiscalía ve colaboración para que el exconcejal participara en la aprobación.

La Fiscalía solicita tres años y medios de cárcel, multas que superan los 13.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público, para Enrique Bueno, al considerarlo responsable de un delito de cohecho y otro de negociaciones prohibidas. El Ministerio Público concluye además que Ramón Menéndez Chaves cometió un presunto delito de negociaciones prohibidas y pide para él un año de prisión, multa de unos 6.500 euros e inhabilitación para puesto o cargo público durante cuatro años.