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La demolición del chalé de Salinas que incumple el plan urbano, a un paso

El derribo, que afectará a casi todo el inmueble, ha sido adjudicado por el Ayuntamiento a una empresa por un coste de 100.000 euros

Entrada tapiada al chalé afectado por la orden de derribo. RICARDO SOLÍS

Cuenta atrás para la demolición de parte del chalé que tiene en Salinas la familia del exjugador del Sporting de Gijón José Aurelio Rivero. Los dos juzgados de lo contencioso-administrativo que tramitaban los recursos han desestimado la apelación de los propietarios para evitar el derribo de parte de la vivienda. El Ayuntamiento de Castrillón ya adjudicó el pasado mes de agosto a la empresa Copcisa los trabajos de derribo, cuyo coste supera los 100.000 euros. Ahora, el final del proceso está a un paso.

Un fallo judicial obliga al Ayuntamiento a financiar la demolición de las ampliaciones de la vivienda que los jueces consideran ilegales. El Consistorio aprobó hace unos meses la petición de los propietarios de la casa para legalizar las ampliaciones tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Asimismo, tanto los dueños como el gobierno local reclamaron a los jueces que declararan la inejecución legal de la sentencia, precisamente en base a la modificación del plan urbano.

La polémica surgió hace más de tres años cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) concluyó que las obras de ampliación del chalé no cumplían con lo establecido en el PGOU. La ampliación llegó a manos de los jueces por una denuncia vecinal. El fallo de 2014, el primero del proceso, se basaba en uno de los artículos del Plan General de Ordenación Urbana que daba un plazo de ocho años para ejecutar las ampliaciones en las viviendas. En el chalé de Salinas, la licencia municipal se concedió cuando había pasado ya un año del plazo ya que el plan urbano se aprobó en 2001.

Los propietarios realizaron las obras de ampliación con las licencias municipales correspondientes. Pero, una vez en marcha el proceso judicial, el Ayuntamiento aprobó la modificación del plan urbano para eliminar el plazo de ocho años para ampliar las viviendas. Aunque los sucesivos fallos judiciales hacen referencia al derribo de las zonas ampliadas, en la práctica afecta a gran parte de la casa porque sería imposible tirar sólo una zona del inmueble, según sostienen fuentes conocedoras del caso.

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