Nuevo enfoque para la lucha contra la violencia de género en Avilés. Los agentes encargados de la protección de las víctimas han puesto en marcha un sistema de control más férreo sobre el agresor. Los policías establecen entrevistas telefónicas o presenciales con los hombres con órdenes de alejamiento en vigor y comprueban sus horarios y rutinas con el objetivo de minimizar el riesgo y ofrecer un mejor servicio y protección a las afectadas. En los cursos de reciclaje que se imparten a los agentes ya se está trasmitiendo esta innovadora estrategia, de las más completas que se desarrollan en el ámbito regional.
La unidad de violencia de género de la Policía Local, integrada por tres agentes, está disponible las 24 horas del día. Controla en la actualidad a 70 mujeres maltratadas, ninguna de ellas consideradas víctimas de "riesgo extremo". Estos agentes llevan detenidos este año a trece hombres por quebrantar órdenes de alejamiento en vigor.
Este equipo forma parte de la Unidad Administrativa de Servicios Especiales de la Policía Local de Avilés, que integra todas aquellas tareas que no tienen que ver con el tráfico o la seguridad ciudadana. Forman parte de esta unidad un intendente, un inspector, un subinspector y una treintena de agentes, que están divididos por secciones: atestados (diez), comunicaciones (cinco), centro de control de tráfico (dos) y la unidad administrativa puramente dicha, que engloba policía judicial, el equipo de protección a víctimas de violencia de género y policía administrativa.
Todos estos agentes tienen encomendadas tareas que pueden pasar inadvertidas para la mayoría de la ciudadanía. La Policía Judicial, por ejemplo, lleva emitidos en lo que va de años más de 160 informes: averiguaciones de paradero (de personas citadas por el juzgado que han cambiado de domicilio y hay que localizar), de bienes (como empresas o propiedades que están embargadas o en subasta), informes previos sobre avilesinos que solicitan incapacidades...
Las citaciones judiciales por parte de los agentes municipales superan esto año las 500. Otras tantas tramita la Policía Nacional. Las misiones de la unidad administrativa son de lo más vario pintas. Estos agentes se encargan del precinto de vehículos, principalmente por embargos (van 18 este año), de comprobar las renovaciones de empadronamiento (llevan tramitadas 198 bajas en 2017) y de realizar buen número de informes a petición de los Servicios Sociales, tanto del Ayuntamiento como del Principado. El subinspector Daniel Carreño ilustra estas tareas con varios ejemplos: "Somos los encargados de realizar los informes que requieren los Servicios Sociales ante una solicitud de reagrupamiento familiar de personas con permiso de residencia. Tenemos que analizar si la vivienda reúne las condiciones necesarias para agrupar a una familia numerosa, por ejemplo. A petición del Principado llevamos realizados 27 informes relacionados con el Salario Social y hemos visitado 42 viviendas de protección para comprobar que su uso se corresponde con las condiciones de adjudicación".
Esta unidad especial se encarga de comprobar si los bados que hay en el municipio están legalizados (este año se han detectado más de una veintena que no cumplen los requisitos), si los establecimientos de hostelería cumplen con la normativa de espectáculos públicos y también controla la ocupación de la vía pública (terrazas, contenedores de obra, máquinas expendedoras...). "Por ocupar la vía pública se paga una tasa. Hay que declarar una ocupación por metros cuadrados y días. Este año llevamos realizados más de 700 controles de este tipo", explica el subinspector de la unidad.
La oficina administrativa es la encargada, entre otros asuntos, de tramitar las licencias de perros potencialmente peligrosos o las tarjetas de armas de aire comprimido. Este año se han gestionado 61 licencias de perros peligrosos, una cifra muy superior a la de años anteriores. El motivo, explica la Policía Local: "El Principado había catalogado inicialmente ocho razas. Ahora los cruces también son considerados potencialmente peligrosos y también requieren de licencia".
En la jefatura de Avilés también se llevan tramitados este año 49 informes relacionados con absentismo escolar y con situaciones de desprotección, 266 vinculados a deficiencias urbanísticas (como desprendimientos de fachadas o declaración de edificios en ruina) y se ha detectado 18 tarjetas fraudulentas de personas con movilidad reducida. A la Unidad Administrativa también pertenece el equipo de cuatro agentes formado para realizar mediciones acústicas y es la encargada además de tramitar los contratos de compra de material para la plantilla. La lista de la compra de este año incluye, entre otras adquisiciones, las siguientes: renovación de la flota de vehículos (dos coches patrulla, uno de atestados y tres motos), 50 bastones extensibles, un equipo de detección de drogas, 6.000 balas, un etilómetro de precisión y un servidor para el centro de control de tráfico.
