La subasta de interrumpibilidad a la que concurren las industrias que más luz consumen en España con la esperanza de obtener compensaciones por su disposición a "desenchufarse" del sistema en caso de necesidad asignó el año pasado 2.975 megavatios de potencia interrumpible a cambio de 525 millones y atrajo el interés de 138 pujadores de los cuales todos lograron "pescar" al menos uno de los codiciados lotes. Este año, se ofertan 2.600 megavatios (375 menos), el fondo económico asignado a la subasta es de 476,4 millones (48,6 menos) y la nómina de pujadores ha subido a 150 empresas (12 más). Es decir, la dificultad para pillar un cacho del pastel es sensiblemente mayor que en 2016. Quizás por esto la UGT, CC OO y la USO advierten de que la gran industria asturiana, la que paga una millonada de luz, "está en serios aprietos y corre el peligro de sufrir una nueva reconversión" por su pérdida de competitividad energética.
