Los resultados de las subastas del servicio de interrumpibilidad -el dinero que reciben las grandes industrias por garantizar el suministro energético nacional- no han satisfecho a la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (AEGE), la patronal que reúne a las industrias españolas cuya dependencia de la energía eléctrica es crucial para el desarrollo de sus respectivas producciones. Y no lo han hecho porque su futuro económico vuelve a quedar en suspenso, como en los últimos años. La patronal dice que los resultados de la puja eléctrica traerá "consecuencias negativas".

La AEGE, sin embargo, acepta que "los ingresos por la retribución de este servicio mitigan, en parte, el elevado precio eléctrico que sufren las industrias electrointensivas en España, uno de los más caros de Europa, efecto exacerbado por no contar con las compensaciones y exenciones permitidas por la Comisión Europea que sí disfrutan las industrias tanto de Alemania como de Francia".

Los grandes consumidores de energía consideran que la subasta "supondrá un duro batacazo en la competitividad de estas industrias, con una pérdida de retribución anual de 152 millones de euros, un 30% menos que la de 2017. De los 152 millones, 86 corresponden a la reducción del precio medio del servicio y 66 millones a la reducción de potencia asignada.

Con esta reducción de potencia, no previsible con una demanda creciente y con una insuficiente capacidad de interconexión con Francia, las fábricas proveedoras del servicio, que tienen todo preparado para prestarlo en 2018, se quedan sin contraprestación en 11 de ellas y, en el mejor de los casos, con una fuerte merma de su retribución", aseguraron. La multinacional Alcoa -la más dependiente de la subasta- salvó los muebles al final.