Fueron los propios familiares de la víctima quienes pidieron ayuda aquel 27 de enero a las fuerzas de seguridad porque no eran capaces de localizar a Susi Amores ni a su marido. Los bomberos tuvieron que romper la puerta para acceder a la vivienda. Los agentes de la Policía Nacional se encontraron con una escena dantesca. En el dormitorio principal había una mujer tirada en el suelo, sobre un gran charco de sangre, muerta, con una almohada completamente ensangrentada sobre el rostro. Había salpicaduras hasta en las paredes, y bajo la cama una llave inglesa. Las imágenes que se proyectaron derrumbaron a los familiares de la víctima. Julio Pardo miró al proyector, vio a su mujer con la cabeza destrozada y con los brazos completamente morados. También se vio a él mismo, en el salón, tumbado de costado, con el pecho descubierto y el resto del cuerpo tapado con una bata roja.

Los agentes lo encontraron semi inconsciente, supuestamente por el consumo de alcohol ("ron, whisky, absenta") y de pastillas ("unas 95", según el relato del acusado, medicación de sus suegros que administraba su esposa). "No articulaba palabra, ni se daba cuenta de que estábamos nosotros allí", dijo uno de los agentes que accedió al piso, el 6.º A del número 11 de la calle Ramón y Cajal. Julio Pardo tenía sangre en la boca y en las manos y no pronunció palabra en su traslado al hospital (al San Agustín primero, al HUCA después). En Oviedo, dijo a la Policía Nacional que "estaba agobiado por temas económicos, que no veía salida y había pensado en alguna ocasión en suicidarse, y acabar antes con la vida de sus padres y de su hermana".

Uno de los agentes aseguró que el pastelero le reconoció el día 28 en el Hospital Central haber matado a su mujer: "Hice algo malo, la golpeé con una llave inglesa".

El juicio, en el que el jurado tiene que concluir si el pastelero de Avilés cometió un asesinato o un homicidio, prosigue hoy con los testigos citados por la defensa, con la declaración de los médicos forenses que realizaron la autopsia y de varios agentes que participaron en la investigación. El letrado Félix Guisasola pide la libre absolución, y alternativamente una pena máxima de diez años.