Un juez ha suspendido un acuerdo del Pleno de Castrillón del pasado agosto por el que el Ayuntamiento se comprometía a no mantener relaciones comerciales u otros acuerdos institucionales con el Estado de Israel, sin nombrarlo. IU presentó en el Pleno una moción para vetar, en el marco de las competencias municipales, las relaciones administrativas o comerciales con "instituciones públicas, empresas y organizaciones que participen, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación de la Declaración de los Derechos Humanos", sin especificar el estado de Israel.

En 2015, el gobierno de IU, con el apoyo del PSOE, se adhirió a la denominada Campaña Internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS). Algunos colectivos judíos la denunciaron por "discriminación institucional" y amenazaron con llevar el asunto a los tribunales al objeto de dirimir las posibles responsabilidades de los concejales que apoyaron esas mociones. En 2015, Castrillón Sí Puede (Podemos) se abstuvo, y el PP, Ciudadanos y Foro votaron en contra. Para evitar las acciones judiciales, en agosto pasado se aprobó la nueva moción de IU que ha quedado suspendida por decisión judicial. "Hemos depurado la redacción de la moción para evitar mayores consecuencias legales a partir de las sentencias registradas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias", señaló en el Pleno de agosto la alcaldesa, Yasmina Triguero.

El Partido Popular y Ciudadanos abandonaron el Pleno de agosto y tacharon la medida de "artimaña legal". El portavoz municipal del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, calificó ayer de "postureo" la actuación de IU en este asunto y destacó que la decisión del juez "nos da la razón en lo que dijimos siempre, llevando las cosas a esos extremos, no tendríamos trato comercial con casi nadie".

"El Ayuntamiento de Castrillón tiene relación con empresas israelitas. Al menos, hay ordenadores que vienen de ese país", manifestó Quiñones. "La moción que IU aprobó en agosto pasado y que ha anulado el juez es imposible de cumplir. Estas iniciativas judiciales de IU cuestan dinero a los contribuyentes", concluyó el dirigente popular.