La guerra fratricida que vive desde hace más de dos años el PP de Avilés alcanzó esta semana una crudeza inédita, primero con la declaración en rebeldía de los tres concejales críticos con la dirección regional y la gestora local del partido (Alfonso Araujo, Constatino Álvarez y Francisco Zarracina), al exigir mantener abiertas las negociaciones con el PSOE sobre el presupuesto municipal; y, después, con el expediente a Zarracina por presuntas amenazas a la también edil Ana Bretón, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. La dureza de las acusaciones lanzadas desde ambas trincheras, sobre todo a raíz del segundo episodio, corrobora definitivamente que será imposible una reconciliación. Y deja claro que la única salida a estas alturas del enfrentamiento es la celebración de un congreso que ponga a cada uno en su sitio: a los ganadores, a mandar; y a los perdedores, a obedecer o a casa.
El primer botón nuclear de estos días que ya han pasado a la historia negra del PP avilesino lo pulsaron los ediles críticos el sábado 13 de enero. De buenas a primeras, y como viene siendo habitual desde hace meses, convocaron una rueda de prensa sin el consentimiento del presidente de la gestora, Pedro de Rueda, ni del portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre. Pero esta vez no lo hicieron para lanzar propuestas o exponer líneas de trabajo, sino para mostrarse radicalmente en contra de cerrar los contactos con el gobierno local sobre los presupuestos. Las quejas no se quedaron ahí. Pusieron en solfa la gestión de la dirección provisional del partido, que calificaron de "errática", y también acusaron al portavoz en el Ayuntamiento de no haberles informado de ninguna de las decisiones tomadas. Un desacato en toda regla a ojos de De Rueda, que apenas tardó unas horas en llevar ante el comité regional de Derechos y Garantías, que preside la exsenadora gijonesa Dorinda García, la insumisión de los tres concejales. Lo hizo el lunes, 15 de enero.
En la tarde del martes 16, cayó la bomba atómica. Aunque no por este caso, sino por otro que había ocurrido meses atrás y que tan solo afectaba a Zarracina. La dirección de ese mismo comité aprobó un expediente disciplinario al concejal por unas presuntas amenazas a su compañera de partido Bretón que habrían tenido lugar al término de una reunión de la junta gestora celebrada el 20 de septiembre del pasado año, en la antigua sede de la formación, ubicada en la calle La Cámara. Según la concejala y otros seis presentes, Zarracina se dirigió hacia ella "señalándola con el dedo índice de su mano derecha" y repitiendo la frase "a ti te voy a hacer llorar yo". El acusado negó de principio a fin este relato y aseguró que fue objeto de mofas por parte de Bretón y de otra integrante de la gestora debido a su postura a favor de crear un consorcio para el albergue de animales de la comarca, y que se dirigió a la primera, sin levantarse de la silla, en los siguientes términos: "No te preocupes, que a ti también te van a hacer llorar de rabia, porque crees que te van a nombrar presidenta del partido y no te van a dejar".
Pero lo mejor será ir por partes. Poco después de las presuntas amenazas del 20 de septiembre, Bretón llevó el caso ante el comité de Derechos y Garantías y comentó con varios compañeros que tenía pensado incluso acudir a la Comisaría. También algunos de los presentes en aquella reunión y otros que no estaban convirtieron en tema recurrente de sus conversaciones el choque entre los dos ediles, hasta el punto de que decenas de militantes del PP estaban al corriente del asunto antes de Navidad. Se hablaba de ello insistentemente en cafeterías, terrazas y despachos municipales. Pero, en ese momento, eran meras acusaciones, aún sin ningún marchamo.
El comité de Derechos y Garantías admitió a trámite la denuncia y así se lo comunicó a las partes el 21 de noviembre. Asumió la instrucción del "caso" el diputado autonómico Rafael Alonso, con formación jurídica. Y fueron llamados a declarar ante él y ante el abogado Pedro Górriz los dos implicados (Bretón lo hizo por escrito) y los siguientes testigos, todos miembros de la gestora y afines a la dirección regional: María Josefa Fernández, Javier Lozano, Pedro de Rueda, Carlos Rodríguez de la Torre, Teresa Fernández, Covadonga Díaz y Reyes Fernández Hurlé. No se citó a nadie más porque nadie más había en ese momento en la sala donde presuntamente ocurrió todo.
Después de tres meses de instrucción y casi cuatro desde el momento de la denuncia, el comité de Derechos y Garantías tomó, el pasado martes, la decisión de expedientar a Zarracina y dejar en manos de la abogada Ana Clavería la elaboración de un informe que derivará o no en una sanción. Es en ese momento, con un acuerdo firme, y no antes (para evitar daños irreparables a la imagen del afectado), cuando este periódico desvela la información, como en su día hizo también con la intervención por parte de la dirección autonómica de las cuentas de la junta local del partido, primero, y del grupo municipal, después; o cuando anunció que Carmen Rodríguez Maniega competiría con Mercedes Fernández por la dirección autonómica. Sin filtraciones divinas.
Araujo, Álvarez y Zarracina ofrecieron una rueda de prensa el miércoles, día 17, en la que vinieron a decir que el expediente al tercero es un as en la manga que la dirección autonómica se guardaba y que, por este motivo, tardó tanto en ejecutarlo. Visto desde la distancia, el relato cronológico parece darles la razón. Pero si hubo o no causa-efecto entre sus críticas a la gestora y el expediente a Zarracina es una cuestión que se escapa a cualquiera que no haya tomado esa decisión, al margen de las interpretaciones que haga cada cual. Lo que no deja lugar a las dudas es que el PP de Avilés sale de esta nueva crisis aún más roto y sumido en el cainismo, a menos de un año y medio para las elecciones.
