La multinacional Arcelor-Mittal tendrá que correr con parte de los gastos del desmontaje de las baterías de coque, una vez cesen su actividad en Avilés, y de la descontaminación de los suelos que ocupan. Al menos esas son las premisas con las que trabaja la sociedad estatal Sepides, propietaria de los terrenos. El Estado confirma que la inmensa mayoría de los suelos que se liberarán se destinarán a uso industrial, como viene demandando la patronal asturiana, que urge a la Administración central a agilizar los trámites para que las parcelas pueden estar en el mercado cuanto antes, una vez que la coquería cese su actividad, a finales del año que viene. La sociedad advierte de que los plazos de desarrollo no son solo asunto suyo, sino que dependerán también de la multinacional siderúrgica.

"Las instalaciones están arrendadas a Arcelor-Mittal hasta finales de 2020. En una primera estimación, se prevé actuar sobre un ámbito total de aproximadamente 300.000 metros cuadrados en el que el uso mayoritario será el industrial. Los plazos para el desarrollo de ese ámbito dependen también de Arcelor, que previamente ha de descontaminar y desmontar varias zonas", señaló a este periódico una portavoz de Sepides (SEPI Desarrollo Industrial).

La polémica está servida. En la multinacional, declinaron ayer pronunciarse sobre el desmontaje y descontaminación de los terrenos que ocupa la coquería, que está previsto cese su actividad a finales del próximo año, pero la siderúrgica viene defendiendo desde hace tiempo que no tiene nada que decir sobre el futuro los suelos en cuestión. "Nosotros no tenemos nada que decir sobre medidas de descontaminación. Ese suelo es de la SEPI (organismo estatal) y, por tanto, será ésta la que tendrá que decir qué va a hacer con él", señaló a este periódico un portavoz de la siderúrgica en diciembre de 2016.

La compañía anunció por esas fechas que iba a presentar alegaciones a la resolución de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que se revisaba la licencia ambiental integrada en materia de emisiones a la atmósfera de la coquería. Una de las condiciones que venía exigiendo el Principado a Arcelor-Mittal para la reapertura de las baterías de Veriña era precisamente que concretase las medidas que va a adoptar para descontaminar los terrenos sobre los que se asientan sus baterías de coque de Avilés. "Es una cuestión del Estado", añadieron entonces desde la compañía, que declinó ayer ofrecer su versión sobre los planes estatales. "Sin comentarios", fue la respuesta.

La multinacional prevé que las nuevas baterías de Gijón entren en servicio en mayo de 2019 y que durante seis meses convivan ambas instalaciones para garantizar la transición. Así, la coquería avilesina continuará activa hasta finales del año que viene. El apagado definitivo se espera para 2020 y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) defiende que para entonces ya hay que tener mucho andado. "Hay que anticiparse y, en función de las fechas en las que se van a liberar esos terrenos, poder tener listos ya proyectos, autorizaciones, presupuesto...", señaló el industrial Belarmino Feito la semana pasada en Avilés, en su primer acto en la ciudad como presidente de la FADE.

La primera fase de derribos en la vieja cabecera siderúrgica, ejecutada entre 2000 y 2002, tuvo un coste de unos 28 millones de euros (incluida la descontaminación del suelo). Entonces se desmantelaron 200 instalaciones, entre ellas algunas tan singulares como dos hornos altos y una gigantesca nave de hierro remachado. En diciembre de 2006 comenzó la segunda fase de derribos, que incluyó el desmontaje del gasómetro número 3 y de la antigua central térmica de Ensidesa. Esta operación costó más de cinco millones y permitió liberar unos 100.000 metros cuadrados. El Estado corrió con los gastos. La tercera fase está a la vuelta de la esquina y el debate sobre quien tiene que pagar el desmontaje y descontaminación ya está servido.