Tanto la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, como el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Menéndez, pidieron ayer "entendimiento" a Arcelor-Mittal y a la sociedad estatal Sepides sobre el desmantelamiento de las baterías de coque, que permitirán liberar más de 400.000 metros cuadrados de suelo para fines industriales. El cese de la actividad de la instalación está prevista para finales del próximo año y el Estado pretende que la siderúrgica se encargue de "desmontar y descontaminar varias zonas".
"Nos urge un programa con un calendario para achatarrar y descontaminar los terrenos y poner cuanto antes suelo a disposición de la industria. Ahí hay dos contaminadores: la antigua Ensidesa y la actual Arcelor. Por lo tanto, debe haber un acuerdo entre el Estado y la compañía para llegar a un entendimiento para hacer ese trabajo, indispensable para que ese suelo se pueda poner al servicio de la industria", explicó Monteserín. En cuanto al presupuesto que requerirá la operación, apuntó que "Sepides está realizando un estudio sobre el coste estimado". De la misma opinión es el presidente de la Cámara de Comercio. "Se debe llegar a un acuerdo. La operación conllevará un costo importante y requiere un acuerdo entre los dueños del terreno y los que la están usando", apuntó Menéndez. La entidad defiende que "cuanto antes se pueda liberar ese suelo, mejor", e incide en que se destine a empresas que necesiten "utilizar el Puerto".
