La decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de "abrir la mano" y dejar a los ayuntamientos destinar a inversiones el superávit municipal de 2017 permitirá a los consistorios de la comarca gastar más de siete millones de euros. Eso sí, los alcaldes de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Soto del Barco e Illas están "ojo avizor" después de que el Gobierno estatal aprobara el pasado viernes el real decreto que avala la decisión de Montoro. "Hay que leer la letra pequeña de ese Real Decreto para comprobar a qué ámbitos de inversión podemos destinar esa cantidad de dinero para que la ejecución del gasto responda lo más posible a las demandas ciudadanas", afirmó hace unas semanas Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés. Uno de los objetivos de los municipios es que el dinero lo puedan destinar a otros ámbitos, como servicios sociales o educación, y no sólo a inversiones financieramente sostenibles. En el real decreto se recogen los programas a los que se puede destinar ese dinero, desde alumbrado público, promoción turística, transporte y sociedad de la información hasta seguridad pública, parques y jardines, asistencia social primaria, instalaciones deportivas o creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria.
"Pedimos que se ampliara el catálogo y parece que el Ministro es receptivo, aunque sólo para inversiones y no para gasto corriente o para el capítulo de Personal. Parece que es un buen paso. Lo único que necesitamos es que el Gobierno de Rajoy autorice algo tan sencillo como que se pueda gastar en Corvera un dinero que es de los corveranos para realizar proyectos que estaban incluidos en nuestro programa de gobierno, como la recuperación de La Lechera de Cancienes o la reurbanización de la plaza Vista Hermosa", aseguró por su parte Iván Fernández, alcalde de Corvera.
Avilés acumula un superávit de dos millones de euros, igual que el de Castrillón, que asciende a 2,8 millones. En Corvera tendrán 2,25 millones de euros y en Soto del Barco contarían con 108.000 euros más para obras. Illas tendría 112.000 euros. El caso de Gozón es diferente. "Al tener un alto nivel de endeudamiento y estar sometidos a un plan de ajuste, no nos veíamos afectados por la restricción de Hacienda, desgraciadamente. De darse el caso de tener remanente de tesorería, se iría a amortización de deuda", explicó Jorge Suárez, alcalde de Gozón.
En el caso de Castrillón, el hecho de poder gastar el superávit de 2017 permitirá aumentar la lista de inversiones previstas este año: el arreglo del campo de fútbol de Ferrota, el cambio de la caldera de la piscina y la mejora de la energía eléctrica del alumbrado público del concejo. "Tenemos una batería de inversiones para seguir añadiendo si podemos gastar más, como todo hace indicar", apuntó Yasmina Triguero, alcaldesa de Castrillón. La liquidación de 2017 constata que el remanente de tesorería de ese consistorio superará los 7 millones de euros.
Y esa es la siguiente batalla de los ayuntamientos españoles, que el Ministerio les deje gastar todo el remanente que ahora tienen guardado en los bancos. "Lo de los ayuntamientos es un corralito financiero", critica Alberto Tirador, alcalde de Illas. En el caso de su municipio, tienen en el banco de remanente más de 350.000 euros que no pueden tocar y, por tanto, no pueden "devolver a los vecinos los impuestos que pagan". "El decreto ley encierra una gran trampa. Por un lado tenemos la estabilidad presupuestaria, que significa que no podemos gastar más de lo que ingresamos y por eso todos los años generas un superávit. Por otro lado, está la regla de gasto, por la que un ayuntamiento no puede gastar más de un 1 por ciento que el año pasado. Si no modificas eso, poco vamos a poder hacer. No sé cómo va a encajar el puzzle. A priori, la propuesta del superávit de Montoro está bien, pero hay que ver en qué queda", reconoció.
El caso de Soto del Barco es aún más "sangrante". Tienen un presupuesto de 2,8 millones de euros y un remanente de tesorería en el banco de 1,7 millones. "Lo de Montoro está muy bien, pero hay que mirar la letra pequeña. Esperamos que el superávit sea limpio y los que no tenemos deuda no tengamos problemas para gastarlo. Ahora casi no disponemos de dinero para inversiones por el techo del gasto. El año pasado apenas nos dejaron gastar 80.000 euros de inversiones sostenibles", criticó Jaime Menéndez Corrales, alcalde de Soto del Barco.
