El guineano al que una joven avilesina denunció a principios de 2017 por una presunta violación en un piso de acogida del Quirinal se sentará el martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, en Oviedo, acusado de un delito de agresión sexual. Como ya informó este periódico, la Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión y diez de alejamiento mientras que la víctima eleva la petición de condena a doce años de cárcel. La defensa sostiene que hubo sexo consentido y pedirá la libre absolución en el juicio.
El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 2.30 horas del 21 de enero de 2017, el procesado se encontraba junto a un amigo caminando por Avilés y, a la altura del parque Ferrera, se encontraron con la joven que acabó presentando denuncia por agresión sexual, a la que invitaron a ir a su casa. Ella accedió. No obstante, una vez dentro de la vivienda, la chica manifestó que quería irse, a lo que el procesado se opuso. Así, la encerró en el baño y, allí, la agredió sexualmente. La mujer logró escapar después de que el amigo del procesado, alertado por los ruidos dentro del baño, acudiera e insistiera para que éste abriera la puerta. Ya en la calle, el procesado la siguió.
La titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Avilés, en funciones de guardia cuando se denunciaron los hechos, ordenó el 25 de enero de 2017 el ingreso en la cárcel de M. B., de 22 años y natural de Guinea Conakri, tras tomarle declaración en el juzgado. Según trascendió en su momento, ofreció versiones contradictorias.
El joven había llegado a Avilés 18 días antes procedente de Bélgica, amparado por una organización no gubernamental y como demandante de protección internacional. La joven, de 18 años, presentó la denuncia tras compartir lo sucedido en las redes sociales. El acusado no tiene antecedentes.
La Fiscalía considera que los hechos de un delito de agresión sexual de los artículos 178 y 179 del Código Penal y de un delito leve de lesiones del 147.2. Y solicita que se condene al procesado a 9 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la joven, a su domicilio o lugar de trabajo, o a cualquier otro lugar donde se encuentre, a menos de 500 metros, ni comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante diez años, 3 meses de multa a razón de 10 euros diarios (900 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, abono de las costas procesales y pago de una indemnización de 4.300 euros, más los intereses legales.
