El nubarrón que enturbiaba el horizonte financiero del Puerto de Avilés en forma de amenaza de pago de un sobrecoste de 11,57 millones de euros por las obras de la primera fase de la ampliación de la margen derecha (muelles de Valliniello) se ha disipado al acordar el Tribunal Supremo la inadmisión del recurso de casación que interpusieron las constructoras adjudicatarias del proyecto en formato de unión temporal de empresas (UTE): FCC Construcción, S. A. y Alvargonzález Contratas, S. A.

El cierre de la vía jurisdiccional ordinaria para la reclamación de los 11,57 millones remata un procedimiento administrativo durante el que el Puerto de Avilés, con el respaldo de la Abogacía del Estado, se mantuvo firme en su negativa a pagar un sobrecoste que, en caso de ser aceptado, hubiera encarecido un 46,74 por ciento el precio de los primeros 500 metros del muelle de Valliniello. El importe de adjudicación del proyecto objeto de discusión había sido de 24,76 millones.

La UTE "Puerto de Avilés, fase 1" pedía el pago extra de 11,57 millones de euros en concepto de revisión de precios y obras sobrevenidas no contempladas en el proyecto original. Finalmente, y tras varios episodios judiciales siempre resueltos a favor del Puerto de Avilés, la exigencia del sobrecoste no prosperó en el Supremo, que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo presentado por las constructoras por "carencia de interés casacional". Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó la misma pretensión de la UTE al entender que la liquidación de la obra era ya un acto firme y consentido por el contratista contra el que no procedía el recurso presentado. Y antes aún había sido el consejo de administración del Puerto el que, sobre la base de un fundado informe técnico, rechazó la realización de sobrecoste alguno.

Las obras de la primera fase de la ampliación portuaria en la margen derecha de la ría de Avilés -actuales muelles de Valliniello- se llevaron a cabo entre los años 2008 y 2011. Tras la recepción y liquidación de las obras, ya en septiembre de 2013, la UTE constructora planteó formalmente la reclamación de 11,57 millones de euros tras fracasar en su intento de obtener el pago de los mismos por la vía de la conformidad portuaria.

Tanto el anterior equipo directivo de la Autoridad Portuaria, el que presidió Manuel Docampo, como el actual con Santiago Rodríguez Vega rechazaron el planteamiento económico que hizo la UTE, quejosa con el hecho de haberse enfrentado a ampliaciones imprevistas de la obra (especialmente en la construcción del talud que soporta el peso del muelle) y a desfases de precio. Tanto Docampo como Rodríguez Vega se congratularon ayer del fin de este culebrón de forma satisfactoria para los intereses del Puerto de Avilés.

Tráficos y concesiones

Además de este asunto, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés reunido ayer valoró el buen inicio de año en materia de tráficos. Pese a que marzo cerró con un retroceso de la actividad comercial en los muelles del 1,53 por ciento, el acumulado anual al fin del primer trimestre es positivo: un 18,33 por ciento más de movimientos de mercancía. El único muelle que "pincha" es el de Alcoa, que pierde un 29,22 por ciento de tráfico en relación al primer trimestre de 2017.

Y en materia de concesiones administrativas, los consejeros declararon la caducidad de una que llevaba vigente 90 años: la concedida en 1927 a favor de Manuel García Salinas y Morán para ocupar una parcela del muelle oeste de la dársena de San Juan con un almacén de efectos navales.