El PSOE aceptó ayer la exigencia del resto de grupos de la oposición y aprobó en la última reunión de la comisión de investigación del agua que el Ayuntamiento se persone como acusación en la causa abierta contra su socio en la empresa mixta Aguas de Avilés -Aquagest- en el Juzgado de Lugo, en el conocido como "caso Pokémon". Eso sí, ese paso no significa, a juicio del concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, que se "ponga en duda" el proceso del cambio de gestión del servicio del agua en la ciudad ni que ese caso "vaya a afectar al Ayuntamiento".
"En la comisión alguien trajo escuchas de una serie de investigaciones del juzgado que desconocíamos y al final esa información tampoco está de más tenerla", dijo Campa. Somos e Izquierda Unida, en cambio, entienden que ese giro en la postura del PSOE se debe a que "asume que hay una trama del agua, que hubo sombras en el proceso". "Si no, no tiene sentido que votaran a favor de presentarse como acusación en el juicio", espetó Llarina González, portavoz de la coalición.
La última sesión de la comisión del agua sirvió para aprobar, no sin un enorme caos -receso incluido-, las conclusiones de las reuniones. El PSOE logró sacar adelante las precisiones de la alcaldesa, Mariví Monteserín, con los votos de Ciudadanos y los tránsfugas -el PP se abstuvo y Somos, IU y Ganemos votaron en contra-, en las que se determina que "en ningún caso se han detectado informes técnicos desfavorables o que sean contradictorios con las decisiones políticas votadas". "Tampoco, y así se ha dicho por parte de los técnicos municipales, injerencia política en los procesos de elaboración técnica de cualquier tipo", añadió. Ahora, esas conclusiones se tienen que llevar al Pleno para su aprobación.
"Acaba la comisión con unas conclusiones en las que nadie ha visto irregularidad en el procedimiento de adjudicación ni sobre la contratación de las inversiones y del personal. Estamos donde estábamos al principio", afirmó Manuel Campa. El representante del gobierno local no ve un fracaso no haber conseguido consensuar unas conclusiones entre todos los grupos. "Era lo previsto. Siempre dijimos que esto era un circo de algunos con las conclusiones ya escritas. Las conclusiones de Somos, IU y Ganemos parece que están externalizadas y hay datos incorrectos; hay cuestiones que no se han tratado en la comisión. Es evidente que las conclusiones estaban escritas y además por alguien de fuera, que no pertenecía a la comisión", afirmó. El concejal reconoció que éste no será el punto y final a todo el asunto del agua en el Ayuntamiento por parte de algunos partidos. "Es evidente que no van a parar aquí", lamentó.
El Partido Popular logró sacar adelante su voto particular, al igual que Ciudadanos, en ambos casos gracias al voto de calidad de la Alcaldesa. Así, además de personarse en la causa, el Ayuntamiento deberá remitir toda la información recabada en la comisión al Juzgado de Lugo, habrá de publicar en la página web el expediente completo de la privatización del servicio del agua y tendrá que ejercer "la responsabilidad política de control sobre su socio en la empresa mixta evitando que puedan proyectarse sombras sobre el procedimiento de contratación, tanto de personal como de obras".
Las conclusiones de Somos, IU y Ganemos quedaron rechazadas. No obstante, tanto Llarina González como Yolanda Suárez, concejala de Somos, se mostraron "contentas" ya que lo único que quedó fuera del acuerdo fue la realización de una auditoría externa. "El PSOE ha preferido sumar sus votos a los de los tránsfugas, Ciudadanos y el PP antes que a los nuestros, que sería lo natural. Nosotros no somos jueces pero el nombre del Ayuntamiento está salpicado y hay indicios suficientes que nos incitaban a decir que no estaba todo bien", afirmó Suárez.
Ana Bretón, concejala del PP, hizo un llamamiento al gobierno local para que, en próximas ocasiones, se "organicen mejor las cosas". "Tenemos que tener seguridad jurídica en todo lo que hacemos y votamos. No se puede hacer recesos para mirar los reglamentos", reprochó. Carmen Pérez Soberón, de Ciudadanos, por su parte, lamentó la falta de consenso. "Estando todos de acuerdos en tres de los cuatro puntos, nos lleva a pensar en la utilización política que se está haciendo de este servicio y en la carga ideológica que se adivina en este proceso. La vía política la damos por cerrada", afirmó.
Alfonso Araujo, representante de los tránsfugas, echó de menos también la falta de acuerdo. "Es un espectáculo lamentable ver cómo ningún grupo quiere llegar acuerdos", destacó.
