La segunda subasta eléctrica de interrumpibilidad del año, en la que se repartirán incentivos a las grandes compañías consumidoras de energía para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre, ha generado decepción en Alcoa: la empresa esperaba ver más "reconocido" el hecho de que proporciona alta disponibilidad eléctrica cuando es requerida para "desenchufarse" de la red (el principio de la interrumpibilidad es que las empresas reciben dinero a cambio de liberar electricidad en caso de saturación de la demanda) y los sindicatos ven con preocupación que la Administración ponga sobre la mesa "menos dinero y menos potencia", es decir, lo contrario de lo que se lleva pidiendo desde Asturias desde que entró en funcionamiento el sistema de pujas para hacerse con lotes de potencia eléctrica son derecho a retribución.
La subasta se celebrará entre los próximos días 21 y 25 de mayo y la capacidad máxima a subastar será de 2.920 megavatios. Las compañías podrán pujar por entre 1.560 y 1.880 megavatios en bloques de cinco, y entre 720 y 1.080 megavatios/hora en bloques de 40. Esta es la primera vez que salen a subasta estos bloques intermedios de potencia, tras suprimirse los grandes de 90, por los que venían pujando Alcoa, Asturiana de Zinc (Azsa) y Arcelor-Mittal.
"Las bases anunciadas para la subasta no son las que pedíamos para garantizar la viabilidad de la industria electrointensiva: no aportan estabilidad y sí mucha incertidumbre. Se están poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo", advirtió el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, el ugetista Daniel Cuartas.
"El resultado previsible de la subasta para el conjunto de las fábricas de Alcoa será peor; y en cuanto a la planta de Avilés, si no se consigue un bloque de 40 megavatios/hora será muy negativo", manifestó el secretario de la sección sindical de CC O, José Manuel Gómez de la Uz.
Tampoco han gustado las bases de la próxima subasta de interrumpibilidad eléctrica a las siderúrgicas Gallardo Balboa, Sidenor y Siderúrgica Sevillana -todas ajenas a Asturias-, pero en su caso porque consideran que se trata de un mecanismo "no competitivo" y que se ha ajustado "en beneficio de unos pocos". Dado el peligro de que afecte a su competitividad, estas tres empresas anuncian que recurrirán la orden ministerial en el Supremo.
