La política de personal en el Ayuntamiento de Avilés, de nuevo en la picota. El pasado 16 de marzo, el actual responsable del área, el concejal socialista Raúl Marquínez, repasó su propia gestión al frente del polémico departamento y reconoció al resto de ediles de la comisión de Hacienda que el gobierno había decidido hacer "un experimento" en 2012 que consistió en incluir en el complemento específico "un 5 por ciento [de la productividad corporativa de cada empleado municipal]". "Se hizo a sabiendas de que la Delegación de Gobierno nos lo iba a retirar. Y así fue", dijo. La grabación de la comisión, de acuerdo a la normativa, se encuentra en poder de todos los grupos municipales y varios sindicatos están ya al tanto de ella. Ha levantado una fuerte indignación.
El "experimento" del que habló Marquínez a los concejales se materializó en una subida "de unos cinco euros mensuales", según fuentes sindicales. El Ayuntamiento acordó en junio de aquel año 2012 incluir el 5 por ciento de la paga de productividad anual en el complemento específico de cada empleado. Este acuerdo se publicó en el BOPA a mediados de septiembre. Al día siguiente, la Delegación del Gobierno inició los trámites para impugnar el acuerdo municipal, por ir contra la ley nacional. Esta impugnación la resolvió la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en septiembre de 2013. Según el fallo, el acuerdo incumplía la ley de presupuestos de 2011, una de las más duras para los trabajadores públicos en los últimos años (la de la subida de 0 euros). En octubre de aquel año 2013, el Ayuntamiento cumplió la sentencia del TSJA que ya esperaba Marquínez al iniciar "el experimento", según sus palabras. A partir de entonces, cesó el abono de los cinco euros y, además, el gobierno local descontó a los trabajadores los pagos indebidos (unos 80 euros de media).
La puesta en marcha del "experimento" se hizo justo al caducar el convenio colectivo 2008-11. Lo que se decía en ese acuerdo es que la productividad se abonaría a partir de 2012 como parte de complemento específico. Las negociaciones sindicales entonces fueron duras: el gobierno local aceptó a medias el acuerdo después de un tira y afloja con UGT (reclamaba que la subida fuera del 100 por ciento, pero el juzgado la echó por tierra). El "experimento" se acabó por orden judicial.
Una situación semejante a esta es la que planea ahora sobre el incremento salarial de las educadoras (que llega por productividad y no por salario). Se da la circunstancia de que la subida salarial de los empleados públicos, de acuerdo con la ley de presupuestos de 2017, no puede ser mayor a un 1 por ciento. Existen, sin embargo, dos vías para salvar este límite: a través del abono de productividad o por medio de una revisión de puestos de trabajo, es decir, a través de la encomienda de nuevas tareas. El gobierno acordó con los sindicatos hacerlo por el primer camino (las educadoras cobrarán más porque tendrán más productividad). Lo que sucede es que la productividad no consolida (lo que se gana este año se deja de ganar al siguiente). ¿Lo puede impugnar la Delegación de Gobierno? Esa es la duda que tienen los sindicatos a la vista de lo que pasó en 2012.
