El Ayuntamiento de Avilés se personará en calidad de acusación particular en el caso que se dirime en el Juzgado de Lugo contra la empresa Aquagest, su socia en la empresa mixta Aguas de Avilés, en el conocido como "caso Pokémon", "por si, de los hechos que se investigan, pudieran derivarse perjuicios" para sus intereses. Ésa es la propuesta que realizan los servicios jurídicos municipales, que acaban de emitir su informe para su aprobación en el Pleno del próximo 24 de mayo. En el escrito, también plantean la contratación de un abogado y un procurador que defiendan al Ayuntamiento. "Dado que la sede del Tribunal está en Lugo, requeriría el desplazamiento a esa ciudad del abogado consistorial, lo que dificultaría la gestión y el desarrollo ordinario de su trabajo", expone el informe.

Los integrantes de la comisión de investigación del agua aprobaron el pasado abril las conclusiones de esas reuniones y, entre ellas, estaba la personación en la causa abierta contra Aquagest, una exigencia de todos los grupos de la oposición que el PSOE también aceptó. Ese paso no significa, según el concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, que se "ponga en duda" el proceso del cambio de gestión del servicio del agua en la ciudad ni que ese caso "vaya a afectar al Ayuntamiento".

En el informe jurídico se rechaza la opción de acudir como acusación popular, como pretendían Somos Avilés e IU tras analizar diversas doctrinas. Se centra en unas conclusiones del Tribunal Supremo, que dice que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "no permite inferir que sea posible su ejercicio por entidades públicas". Y da dos motivos. El primero, "por razones de coherencia interna del sistema, ya que si las entidades jurídico-públicas defienden, por definición, cuando actúan como acusación popular, intereses públicos y generales, para esa defensa ya se cuenta, en el proceso penal, con la figura del Ministerio Fiscal". El segundo, "porque los derechos del acusado podrían verse seriamente afectados, pues debería defenderse frente a dos entidades públicas, el Ministerio Fiscal y la persona jurídico pública, que no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares". "En definitiva, mediante el uso generalizado de la acción popular se llegaría a generar una acción pública alternativa", remata.