El Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía espera una condena ejemplarizante contra J. D. V., el hombre juzgado ayer en Avilés acusado de haberse hecho pasar por topógrafo en la realización de un informe pericial sobre el deslinde de una finca en Forcinas (Pravia), un trabajo para el que supuestamente carecía de competencias. El acusado, que admitió la realización del informe, dijo en su descargo que pese a carecer de titulación de topógrafo en España sí que hizo hace más de treinta años un curso de siete meses sobre la materia en Italia. Más aún, en su condición de delineante proyectista industrial sostuvo que está habilitado y dispone de los conocimientos técnicos y la capacidad profesional para la realización de trabajo técnicos "sencillos" como el que motivó la demanda que motivó la vista oral de ayer.

Bien diferente fueron las argumentaciones de la Fiscalía, del abogado que representó al colegio oficial de topógrafos y de la letrada que defiende a la vecina de Forcinas que resultó dañada en una sentencia civil anterior, supuestamente por el contenido del informe pericial que firmó J. D. V. La carencia del título académico de topógrafo ya resulta llamativa para las acusaciones, pero más grave resulta aún que el demandado hizo ostentación de dicha profesión en un informe pericial y llego a testificar para corroborarlo manteniendo en todo momento que tenía capacidad para su elaboración. Ayer, no obstante, explicó que las alusiones a su condición de topógrafo en la firma del documento, en el encabezado del mismo y en la carátula de presentación fueron fruto de un "error" al utilizar material de una antigua empresa sin percatarse de su contenido. Más allá de eso, el acusado defendió en todo momento que por sus conocimientos de delineación y por la experiencia acumulada en décadas de trabajo está capacitado para realizar tareas, encargos e informes sencillos del ámbito de la topografía.

El delegado en Asturias del colegio de topógrafos, José Antonio Suárez García, negó que el trabajo técnico cuya realización se arrogó J. D. V. fuese "sencillo", más bien todo lo contrario. Lo mismo opinó una topógrafa a la que se encargó la realización de un informe similar al firmado por J. D. V. , que llegó a concluir que el acusado describió una realidad física de la finca objeto de controversia de lindes "inventada y en absoluto coincidente con la realidad".

Desde el Colegio Profesional de Ingeniería Geomática y Topografia confían en que el juez imponga a J. D. V. la pena de un año de cárcel por "un evidente delito" de intrusismo profesional, una práctica que condenan y que califican de "lacra" para la profesión. El Ministerio Fiscal solicitó la misma pena por idéntico delito y la acusación particular añade el de falso testimonio (en referencia al que J. D. V. prestó en el juicio civil celebrado en Pravia), penado con dos años de cárcel. La defensa del encausado solicita la libre absolución porque las pruebas no destruyen la presunción de inocencia o subsidiariamente porque quedan dudas razonables sobre la culpabilidad.