La cruzada del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica contra el intrusismo laboral libra una de sus batallas en Avilés, donde ayer fue juzgado J. D. V., acusado de haberse hecho pasar por topógrafo y realizar un informe pericial sobre el deslinde de una finca en Forcinas (Pravia), un trabajo para el que supuestamente carecía de competencias y que llegó a corroborar como testigo experto en un juicio civil celebrado en ese concejo.
El acusado, que admitió la realización del informe, dijo en su descargo que, pese a carecer de titulación de topógrafo en España, sí que hizo hace más de 30 años un curso de siete meses sobre la materia en Italia, si bien no pudo ​presentar título alguno y tampoco la homologación española de esos estudios. Además, en su condición de delineante industrial, sostuvo que está "legalmente habilitado" y que dispone de los conocimientos técnicos y la capacidad profesional para la realización de "trabajos técnicos sencillos" como el que motivó la demanda por intrusismo profesional.
"Hacer un deslinde como el que me encargaron es una tarea ardua, pero no compleja. Hay que entrevistar a propietarios, gente mayor de la zona, planos, escrituras e inventarios de caminos... Como delineante, y así lo concluye un informe de ese colegio profesional, estoy capacitado para ese tipo de trabajos técnicamente sencillos", manifestó J. D. V. en su descargo. Y fue incluso más allá. "Un equipo topográfico lo maneja un guaje en dos días", aseveró haciendo ver que tras varias décadas haciendo trabajos de corte técnico, realizar un deslinde "no tiene especial dificultad".
Bien diferente fueron las argumentaciones de la Fiscalía, del abogado que representa al Colegio Oficial de Topógrafos y de la letrada que defiende a la vecina de Forcinas, cuyos intereses patrimoniales resultaron dañados por el contenido del informe pericial que firmó J. D. V. La admisión de la falta de título académico de topógrafo fue reseñada por las acusaciones como "incapacitante" para ocuparse de materias propias de ese oficio. Respecto al hecho de que el demandado hiciera ostentación de su presunta condición de topógrafo en un informe pericial (en la firma del documento, en el encabezado del mismo y en la carátula de presentación), J. D. V. aseguró que fue fruto de "un error" al utilizar plantillas informáticas de una antigua empresa sin percatarse de su contenido.
El delegado en Asturias del Colegio de Topógrafos, José Antonio Suárez García, negó que el trabajo técnico cuya realización se arrogó J. D. V. fuese "sencillo", más bien todo lo contrario. Lo mismo opinó una topógrafa a la que se encargó la realización de un informe similar al firmado por J. D. V. y que llegó a concluir que el acusado describió una realidad física de la finca objeto de controversia de lindes "inventada y en absoluto coincidente con la realidad".
Desde el Colegio Profesional de Ingeniería Geomática y Topográfica confían en que el juez imponga a J. D. V. la pena de un año de cárcel por un delito de intrusismo profesional, una práctica que califican de "lacra" para la profesión. El Ministerio Fiscal solicitó la misma pena por idéntico delito y la acusación particular añade el de falso testimonio (en referencia al que J. D. V. prestó en el juicio civil celebrado en Pravia), penado con dos años de cárcel. La defensa del encausado solicita la libre absolución porque las pruebas no destruyen la presunción de inocencia o, subsidiariamente, porque quedan dudas sobre la culpabilidad.
