La industria elecrointensiva española, la que consume ingentes cantidades de luz debido a las características de sus sistemas productivos y tiene como principales exponentes en Asturias a Alcoa, Asturiana de Zinc (Azsa) y Arcelor-Mittal, ha perdido este año 210 millones en retribuciones asociadas a su pertenencia al sistema de interrumpibilidad (el que obliga a las fábricas a parar máquinas en caso de eventualidad para así liberar electricidad y evitar un colapso de la red general).
Ese es el balance económico una vez completadas las dos fases de la subasta del servicio eléctrico de interrumpibilidad, que este año, como novedad, se hizo en dos tramos (de enero a mayo y de junio a diciembre), redujo el tamaño de los paquetes más grandes de energía de 90 a 40 megawatios/hora y asignó un valor de salida más bajo que en anteriores ocasiones para cada lote de electricidad interrumpible.
El sistema de subasta -muy cuestionado por la gran industria asturiana por su riesgo e incertidumbre- fue la manera que encontró el Gobierno central de poder mantener una retribución a las fábricas devoradoras de kilowatios sin soliviantar a las autoridades europeas de la competencia, que tenían enfocada a España por la sospecha de que esas retribuciones -que hasta 2015 se asignaron de forma directa- podían constituir ayudas de Estado encubiertas, una figura que está prohibida y que a Italia ya le costaron en su momento una gravosa sanción.
La primera subasta se realizó en 2015 y ya redujo aquel año la retribución bruta que percibió la industria electrointensiva en unos 200 millones de euros; ese año inaugural, las grandes consumidoras de luz incluidas en el servicio de interrumpibilidad se repartieron -previa puja a la baja- 507,81 millones de euros. Los dos años siguientes la cantidad de dinero asignada al servicio de interrumpibilidad poco o nada varió (otra cosa es cómo se lo repartieron las empresas): 502,78 millones en 2016 y 524,85 millones en 2017.
Fue el año pasado cuando la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) cuestionó el sistema de la subasta del servicio de interrumpibilidad por su aparente falta de "tensión competitiva", por su "previsibilidad" y por la dificultad de acceso a la puja de las pequeñas industrias o, visto de otra manera, la posición teóricamente ventajosa de las grandes. A estas críticas se añaden las de los lobbies favorables a la supresión del servicio de interrumpibilidad, en el entendido de que es "inútil" y que "encarece el recibo de la luz de los consumidores domésticos".
La respuesta gubernamental a esos "dardos" fue la revisión de las bases de la subasta en los términos ya reseñados. Y los resultados aparentemente logrados se miden en euros: un recorte de 210 millones de euros en la retribución que percibirán las industrias que concurrieron a la puja, lo cual equivale a una quita del 40 por ciento del bote millonario que retribuye el servicio de interrumpibilidad. El Gobierno respira, la industria echa números.
