El grave accidente laboral registrado en una cantera en el Alto del Praviano (Soto del Barco) en octubre de 2007 llega al fin a juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para un empresario (J. D. Ll. O.) al concluir que hubo fallos de seguridad en la explotación en la que una pala destrozó las piernas al transportista Francisco González Coro. El avilesino, que no volvió a caminar y recogió su calvario en un diario, murió en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en enero de 2014 tras haber pasado por 26 operaciones en seis años. Tenía 57 años. Coro relató su caso a LA NUEVA ESPAÑA en octubre de 2008, cuando llevaba un año hospitalizado, con un único objetivo: "Que se intensifiquen los controles preventivos y de seguridad. Que nadie pase por este calvario. Lo que yo pasé no lo sabe nadie".

"El accidente. Estaba limpiando con una espátula las bisagras del camión. Hubo un fuerte golpe y dejé de sentir las piernas", explicaba desde la cama del hospital gijonés de Begoña en el que estaba postrado aquel octubre de 2008. Para entonces la batalla judicial ya estaba abierta, pero González Coro murió antes del juicio. Se celebrará el próximo lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés.

La Fiscalía sostiene que una pala que "circulaba marcha atrás, sin comprobar (el trabajador que la pilotaba) si había personas en su trayectoria, golpeó con el contrapeso trasero izquierdo de la pala cargadora la trampilla móvil del dúmper estacionado, provocando que ésta se cerrase súbitamente y atrapando al otro trabajador (González Coro) contra la caja, produciéndole numerosas lesiones". El avilesino tardó en sanar 883 días (casi tres años), de los que 467 días estuvo hospitalizado. Como secuelas sufrió la amputación de la pierna derecha, graves daños en la izquierda (peleó hasta el último aliento por salvarla) y trastorno por estrés postraumático.

El 25 de mayo de 2009 le fue reconocida una gran invalidez y falleció en 2014. La Fiscalía (que atribuye al acusado un delito contra la vida y salud de los trabajadores) cree que "la muerte no está relacionada en principio con los hechos". La familia, en cambio, vincula el fallecimiento con las secuelas del accidente y cree que hubo un homicidio por imprudencia. Pide para el acusado tres años de prisión y el pago de una indemnización de 571.595 euros (200.000 más que la Fiscalía). La defensa sostiene que el accidente se produjo por una imprudencia del trabajador y solicita la absolución.