La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años de prisión y dos de retirada del carné de conducir para un conductor que responde a las iniciales J. F. R. acusado de causar la muerte de un peatón tras atropellarlo en un paso de cebra en Avilés en 2017. La vista oral está señalada para mañana, 14 de junio, en el Jugado de lo Penal nº 1 de Avilés.
El Ministerio Fiscal sostiene que el 15 de diciembre de 2017, aproximadamente a las 19,30 horas, el acusado conducía por la zona de Buenavista, Avilés, una zona urbana y con iluminación artificial suficiente, cuando por descuido o por una inadecuada velocidad, atropelló a un peatón que atravesaba la calzada por un paso de cebra.
El vehículo implicado en el atropello fue un Citroën modelo C5 y la víctima, a la que en principio se le apreciaron heridas graves pero no necesariamente mortales, resultó ser el vecino de Avilés identificado como A. J. J., de 67 años. El lugar donde ocurrieron los hechos es el paso de cebra existente enfrente del centro comercial El Corte Inglés, en la carretera que comunica Avilés con Grado, una zona en la que la que durante los últimos años se produjeron otros sucesos similares pero sin consecuencias mortales, como el atropello en 2009 de una persona de 83 años, M. R. H., que resultó herida leve en el mismo paso de peatones donde encontró la muerte A. J. J.
En su momento, la Policía Local de Avilés detuvo al conductor para tomarle declaración y, posteriormente, ponerlo a disposición judicial por lo que entonces se catalogó como un presunto delito de lesiones por imprudencia grave. Pero lo cierto es que como consecuencia del golpe, el viandante sufrió policontusiones que concluyeron con su posterior fallecimiento, dos días más tarde, en el hospital. Los perjudicados renunciaron al ejercicio de las acciones civiles al haber sido indemnizados por la compañía aseguradora del vehículo implicado en el accidente.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente del artículo 142.1 y 2 del Código Penal y solicita que se condene al acusado a dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante dos años, además del pago de las costas del procedimiento.
