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Blog En analógico y en digital - Rubén Sánchez Antuña

Rubén Sánchez Antuña

Ingeniero de telecomunicación, diplomado en economía y postgrado de especialista en economía de las telecomunicaciones. Como escritor tiene publicados cinco libros: "Dos estrelles nel firmamentu infinitu","El murmuriu d'un mieu ensin nome","Dos visiones asturianes de le...

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Reflexiones sobre las TIC y la sociedad de la información


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  • 17
    Marzo
    2012

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    ME RÍO CON LA RIAA

    Cary Sherman, director de la RIAA (la Asociación American de la Industria Discográfica) anunció este pasado miércoles que operadores de cable norteamericanos como Cablevisión, Verizon y Time Warner Cable y otras compañías del sector tendrán que empezar a partir del 12 de julio a vigilar lo que se descargan sus abonados de banda ancha. La manida justificación, como siempre, es que se pretende poner punto final a la descarga ilegal de archivos, principalmente, música y películas.

    Algo muy gordo está fallando cuando deben ser los operadores de telecomunicaciones los que tienen que vigilar qué descargan sus clientes para proteger los derechos de autor de películas, libros y música. Primero deberán enviar avisos preventivos al cliente que descargue material ilegítimo. En caso de que su actividad sea reiterada, la operadora de Internet podría llegar a cortarle el servicio. Parece que no aprenden, o no quieren aprender, de los errores pasados. No sé si os acordaréis de la Ley SOPA. Pues bien, sigue empantanada en el Congreso de los Estados Unidos in saecula saeculorum por la lógica presión del sector de las telecomunicaciones, que se oponen frontalmente a las iniciativas de la industria del disco y del cine.

    En España, por el momento la legislación es muy estricta con el control de las comunicaciones y, más aún, con la interrupción o desconexión del servicio. De hecho, la Ley Sinde-Wert contra las descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor, evita expresamente cualquier control o penalización contra el usuario particular, y solo prevé procedimientos contras las páginas de enlaces o las webs que facilitan esas descargas. Parece mucho más coherente que la última “broma” de la RIAA.

     

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