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Blog En analógico y en digital - Rubén Sánchez Antuña

Rubén Sánchez Antuña

Ingeniero de telecomunicación, diplomado en economía y postgrado de especialista en economía de las telecomunicaciones. Como escritor tiene publicados cinco libros: "Dos estrelles nel firmamentu infinitu","El murmuriu d'un mieu ensin nome","Dos visiones asturianes de le...

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Reflexiones sobre las TIC y la sociedad de la información


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  • 03
    Marzo
    2012

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    UN REAL DECRETO AMBIGUO

    El pasado 1 de marzo entró en vigor el Real Decreto que da origen a un nuevo  órgano administrativo, la Comisión de Propiedad Intelectual, ente que tiene competencia para retirar contenidos e incluso cerrar páginas web que sirvan o enlacen sin permiso de los titulares de derechos.

    El Gobierno actual aprobaba el pasado 30 de diciembre la nueva regulación anti-descargas, por cierto idéntica a la conocida como Ley Sinde-Wert (me parece que no han cambiado ni una coma), por lo que sigue sin aclarar cómo será el procedimiento a seguir, ni qué papel jugaran actores como pueden ser los operadores, los proveedores de hosting, la propia web implicada. Esa es mi impresión.

    En lo que respecta a los operadores de telecomunicaciones, creo que son una pieza fundamental e indispensable en todo este galimatías burocrático-judicial, pues son lo que en última instancia pueden permitir o no el acceso a Internet al potencial infractor, y sin embargo la nueva ley les considera simplemente “colaboradores”. ¿Para qué, me pregunto?

    Supongo que cuando el responsable de la web denunciada no quiera facilitar sus datos identificativos, indispensables para llevar adelante el proceso, tendrá que ser el operador quien reporte esos datos a la Comisión. Además, si el teórico infractor sigue en sus trece y no hace caso de la sentencia que le obligue a retirar contenidos o cerrar la web, serán las operadoras las únicas que pueden desconectarles. Eso sí, siempre con el correspondiente requisito judicial (en concreto, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo), al afectar directamente a los derechos y libertades de expresión e información.

    A ver qué tal trascurre todo. A priori, no se perseguirá ni a los usuarios como en el caso de su homóloga francesa, la ley Hadopi, ni tiene en el punto de mira la tecnología P2P; pero bueno, todavía no ha enseñado la patita por debajo de la puerta. 

    El enlace al Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual es el siguiente:

    http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20652.pdf

     

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