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  • Acceso a la función pública.

    Tradicionalmente, desde mucho antes de la Constitución del 78, el acceso a la función pública se venía realizando a través del procedimiento de las oposiciones. Este sistema hizo posible que muchas personas que no podrían llegar de otra manera a un empleo público, bien por falta de los contactos adecuados o por cualquier otra razón ajena a su  mérito y capacidad, lograran la plaza de servidor público a la que aspiraban, en concurrencia con otros opositores. El sistema con sus fallos, imperfecciones y debilidades ha venido funcionando, y no lo ha hecho del todo mal, y a las pruebas hay que remitirse

    Pero hete aquí que últimamente, por múltiples razones entre las que están: evitar los controles administrativos, agilizar la gestión recurriendo a una legislación no pensada para estos cometidos, colocar a los amigos y conmilitones, librándose de funcionarios que deben su puesto al esfuerzo realizado para estar ahí y que son menos   moldeables que el personal que ha entrado a dedo por las razones que fuesen, tener más facilidad para toda suerte de apaños y arreglos prescindiendo, sin más, de quien se oponga a ellos, y por muchas otras cosas que la imaginación desbordante de las personas que buscan un lugar al sol, que más calienta, sean capaces de inventar. Aquamed ha sido el paradigma de mucho de lo anteriormente señalado, pero, naturalmente, es de suponer, que haya muchos más Aquamed que todavía no han salido a la luz pública.

    Esta Administración paralela, cara y redundante, ha permitido un crecimiento muy elevado de quienes viven enchufados al presupuesto, al tiempo que nos retrotraen a épocas, la Restauración entre ellas, que se creían felizmente superadas. Si, hipotéticamente, existiese un pacto a la griega, y los que han entrado antaño se quedasen, y además se les sumasen los que entran hogaño, el capítulo I se lo acabaría llevando entre todos, y vengan impuestos y pasen días.

    Pero además de lo anterior, que no es poco, y a lo que debería ponérsele coto sin más dilación, sí todavía estamos a tiempo, se ha abierto otro frente debido a la sentencia, contra la que cabe recurso, del TSJ de Asturias relativa a los trabajadores de la empresa Auxiliar de Recaudación.Esta empresa, privada, realizaba desde hace años las labores de recaudación de los tributos municipales de Oviedo. El nuevo Ayuntamiento, una vez vencido el contrato, decidió prescindir de los servicios de la citada empresa, aunque podría no haberlo hecho y llevar a cabo una subrogación, sí legalmente fuese posible,  ahora parece que sí lo es, en lugar de remunicipalizar parte del servicio y conveniar el resto con el Ente Regional de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. Es decir, decidió terminar con la privatización de la función recaudatoria municipal y pasarla al ámbito de lo público.

    Naturalmente los trabajadores de la Auxiliar de Recaudación, que entraron en esa empresa con los criterios que la misma decidió, según su leal saber y entender, recurrieron la decisión municipal.El TSJ de Asturias, basándose en una directiva comunitaria , reconocida ya en varias ocasiones por los tribunales nacionales,mantiene que cuando se transmiten los medios esenciales para desarrollar una determinada actividad, los trabajadores han de ir ligados a esta transmisión. Es decir, han de ser subrogados, sin importar que la empresa sea una administración pública.

    Así, para la Sala de lo Social del TSJ de Asturias todos los programas informáticos que el Ayuntamiento exigió a La Auxiliar los días 28 y 29 de diciembre eran "esenciales para garantizar la continuidad del servicio". Por todo ello, el TSJ de Asturias entiende que hubo una sucesión de empresas que afecta a los trabajadores de la Auxiliar de Recaudación, que deben ser subrogados por el Ayuntamiento, y que la negativa de la Administración local a incorporarlos equivale a un despido nulo.

    Habrá que esperar, sí se recurre la sentencia, a que el Supremo e incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) digan la última palabra en un tema que puede ser preocupante al impedir, de facto, la vuelta a lo público, sin ataduras no deseadas, de servicios privatizados en su momento, al tiempo que abre una tercera vía de acceso al sector público, que se suma a las de la oposición de toda la vida y a la administración paralela, también llamada la de los chiringuitos, de hace poco.

    Lo de la “transmisión de los medios esenciales para desarrollar determinada actividad” como criterio para incorporar, mediante subrogación, al ámbito de lo público a las personas que realizaban actividades que se desarrollaban en el ámbito privado, se antoja muy genérico. Habría que definir claramente que se entiende por medios esenciales poniéndole apellidos,  ya que sin este requisito en esa definición cabe todo, desde un roto hasta un descosido. Hay que tener en cuenta, además, que los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a empleos públicos, son también bienes protegidos constitucionalmente, que no pueden ponerse al albur de los criterios utilizados por una empresa privada, que, por otra parte, no está obligada a respetarlos.

     

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